Freno a proliferación de cámaras de ‘fotomultas’

Proyecto de ley exigirá concepto técnico previo a la puesta en operación y cobro de multas mediante este sistema e incluiría a las cámaras existentes.

Por Redacción Vehículos

04:00 p.m. 16 de octubre del 2015
Fotomultas, prevención o gran negocio

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La práctica utilizada en los últimos años por alcaldes de ciudades y de pequeños municipios de instalar cámaras para cazar infractores a las normas de tránsito, especialmente de límites de velocidad, podría llegar a su fin. En el Congreso de la República comenzó el trámite de un proyecto de ley que les impondrá el cumplimiento de unos requisitos previos antes de inclinarse por este tipo de soluciones.

El proyecto no solo les pondría el freno a nuevas cámaras de control de velocidad, sino que las que están instaladas actualmente también tendrían que cumplir con los requisitos que exigirá la ley si esta es aprobada en los cuatro debates reglamentarios que debe surtir en el Legislativo.

Esta idea se suma a la preocupación existente en el Ministerio de Transporte y en la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, por la proliferación de estos elementos que, como se ha denunciado en varias oportunidades, se convirtieron en un negocio de los operadores privados de las cámaras.

Volviendo al proyecto de ley, este establece como requisito previo y obligatorio para los alcaldes y gobernadores el trámite de concepto técnico para la instalación, puesta en operación y cobro de multas con los mecanismos de ‘fotomultas’ y otros medios tecnológicos en Colombia. Algo parecido se hará con la instalación de resaltos, conocidos popularmente como ‘policías acostados’.

Fotomultas, prevención o gran negocio

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El concepto técnico, de acuerdo con el articulado del proyecto, será expedido por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), si el mecanismo de control pretende ser instalado en vías nacionales; o lo otorgará el Ministerio de Transporte, si las cámaras serán instaladas en vías cuya jurisdicción corresponda a los alcaldes y gobernadores.

Tanto la ANI como el Ministerio de Transporte tendrán 120 días para pronunciarse sobre la viabilidad del concepto previo y para ello tendrá en cuenta los siguientes factores: las condiciones de infraestructura y estado de la vía; las condiciones de seguridad; los límites de velocidad establecidos en la legislación vigente y las condiciones de movilidad de la vía, dando prevalencia al mejoramiento y descongestión del tráfico.

Fotomultas, prevención o gran negocio

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Este proyecto de los senadores Antonio Guerra y Mauricio Lizcano establece que una vez se convierta en Ley de la República, los actuales sistemas de ‘fotomultas’ o cualquier otro medio tecnológico de imposición de multas que estén operando “quedarán suspendidos y no podrán imponer válidamente multas o comparendos a los ciudadanos, hasta tanto las entidades territoriales no tramiten el concepto previo favorable”.

En la lupa del Ministerio de Transporte y de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional hay varios sistemas instalados en poblaciones de la Costa Atlántica como Cereté, Arjona, Ciénaga y Puerto Colombia, en los que caen permanentemente los turistas en temporada de vacaciones.

La situación fue denunciada en una reciente entrevista por el coronel Juan Francisco Peláez, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, quien dijo en su momento que “en el Ministerio están trabajando para cerrarle la puerta a las alcaldías que están poniendo cámaras a diestra y siniestra. Las carreteras que pasan por el perímetro urbano se las entregaron a los alcaldes y en este momento están haciendo fiestas”.

Ahora, solo resta esperar a quién le rinde más en la tarea de cerrarles ese ‘taxímetro’ a los alcaldes, si el Ministerio de Transporte o el Congreso de la República.

Fotomultas, prevención o gran negocio

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¿El fin de los ‘policías acostados’?
La instalación de resaltos o cualquier otro elemento de señalización de vías, que implique restricción o interferencia de la movilidad y del tráfico de vehículos, también son motivo de reglamentación en el proyecto de ley.

Para estos efectos, al igual que con los sistemas de detección de multas, los alcaldes y gobernadores tendrán que obtener un concepto previo favorable cuando pretendan instalar resaltos.

Además, los resaltos o cualquier otro elemento que se encuentre instalado a la fecha de promulgación de la Ley, tendrán un plazo de cuatro meses para tramitar ante las autoridades los respectivos conceptos técnicos de aprobación; y en caso de no hacerlo, los alcaldes y gobernadores tendrán un plazo de 30 días para retirar tales elementos puestos en las vías, sin excepción.

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