De la revisión, el Código de tránsito y otros males

"Pretender multar a quien ‘no haya realizado’ la RTM evidencia el carácter ‘recaudador’ del Código, no preventivo ni pedagógico como debe ser".

Opinión

02:36 p.m. 04 de diciembre del 2015
De la revisión, el Código de tránsito y otros males

De la revisión, el Código de tránsito y otros males

Carlos A. Camacho Marín
Subeditor de EL TIEMPO


Lo que acaba de ocurrir en Bogotá con la revisión técnico-mecánica (RTM) y de gases deja al desnudo el origen del problema, que radica esencialmente en la forma como ha sido concebido el Código Nacional de Tránsito (CNT).

Tal como está redactada la infracción (art. 131 C-35 del CNT) sobre la revisión técnico mecánica es la prueba fehaciente de lo perverso de este Código que vio la luz a través de la Ley 769 del 2002 y que ha sido objeto, a lo largo de estos 13 años, de no menos de diez reformas y otro cúmulo de resoluciones.

De entrada, pretender multar a quien ‘no haya realizado’ la RTM evidencia el carácter ‘recaudador’ del Código, no preventivo ni pedagógico como debe ser; y ni siquiera para extremar controles porque o no existen o son muy laxos.

El Código y quienes lo aplican lo que exigen es ‘papeles’, y para las alcaldías y organismos de tránsito, multar infractores se volvió una fuente para captar recursos. De ahí que ahora proliferen los contratos (dudosos) para adquirir cámaras.

Veamos un ejemplo. Un Policía de Tránsito detiene a un motociclista para un control, pero no se fija –porque el CNT no lo exige– que su casco esté homologado y cumpla con los mínimos estándares internacionales de seguridad.

El agente solo ‘pide papeles’ (sus documentos, por favor, dicen). Si en realidad hubiera preocupación por la seguridad y reducir la accidentalidad en las vías, el Gobierno hace rato debió haber prohibido la venta de los cascos, más bien cáscaras, que se venden colgados en las puertas de los almacenes como ollas y sartenes de cualquier ‘cacharrería de paisas’.

Con la revisión técnico-mecánica pasa lo mismo. Lo importante para las autoridades es que el ciudadano tenga el certificado ‘al día’. No importa si el carro va echando humo, con las llantas lisas, sin luces o con luces no originales. Además, es sabido que muchos ‘truquean’ los carros para que pasen las pruebas o los llevan al CDA con repuestos ‘alquilados’.

Porque, entre otras cosas, la revisión no es solo el examen de los gases. Esta incluye una inspección visual de puertas, seguros, vidrios, fugas de líquidos, llantas, frenos, alineación y suspensión, y medición de intensidad e inclinación de las luces. Si esta inspección visual la hicieran en las vías con seguridad no se verían tantos armatostes andando. Pero para las autoridades es más rentable multar que controlar.

De la revisión, el Código de tránsito y otros males

De la revisión, el Código de tránsito y otros males

Ahora, la exigencia que hace la Secretaría de Movilidad de Bogotá de la RTM “con el propósito fundamental de garantizar una movilidad sostenible, segura y ambientalmente responsable” tampoco es garantía de que se cumpla. Un carro con certificado vigente puede estar contaminando o verse envuelto en un accidente, lo que no ocurre con uno que está guardado por cualquier motivo.

La tesis de la seguridad, aunque válida, no tiene en nuestras ciudades ese peso porque no hay controles reales ni efectivos.

Si así fuera, los dueños de los centros de diagnóstico automotor no estarían tan preocupados por la resolución 003318 del 14 de septiembre del 2015, que los obliga a contratar una póliza de responsabilidad civil extracontractual por cada uno de los certificados que emitan para amparar los perjuicios y pérdidas causados a terceros como consecuencia de errores u omisiones.

Volviendo al principio, ¿en dónde empieza todo esto? En el Congreso de la República, en las comisiones sextas de la Cámara y el Senado, para ser más preciso. Históricamente, muchos de quienes han tenido o tienen una curul allí no han legislado para quienes los eligieron sino para quienes financiaron su elección, esto es, poderosos empresarios del transporte de carga y pasajeros, propietarios de centros de enseñanza, de reconocimiento de conductores y de diagnóstico automotor, entre otros.

Y estos, con el apoyo de sus lobistas y expertos en argucias jurídicas, no dan puntada sin dedal. Utilizan un sutil vocabulario con el cual terminan sacándole plata de su bolsillo al ciudadano con estas normas.

El MinTransporte tiene en sus manos la oportunidad de rehacer el Código de Tránsito, de modernizarlo y ponerlo a tono con los nuevos desarrollos tecnológicos de la industria con la reforma que anunció.

Ojalá lo que le van a pagar a una reconocida universidad por hacer los estudios de dicha reforma se vea reflejado en normas preventivas, en extremar los controles, en formar mejores conductores y no como el actual Código, enfocado en exprimir billeteras.

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