Transporte blanco: mundo gris

Promesas de contratos incumplidas, cobros ilegales y baja oferta de trabajo son algunas de las irregularidades que afectan al servicio especial.

Redacción vehículos

03:02 p.m. 16 de marzo del 2018
Transporte blanco: mundo gris

Transporte blanco: mundo gris

Andrés Baraya Rubiano - Redactor de EL TIEMPO

Una pesadilla. En eso se ha convertido trabajar como conductor en el servicio de transporte especial en Colombia debido a las múltiples irregularidades que las empresas transportadoras cometen con sus afiliados, quienes están asumiendo costos que no les corresponden.

“El Estado debe intervenir, tomar el control y eliminar las inequidades, pues hoy la reglamentación vigente le da lo ancho a las empresas y concesionarios y deja lo angosto a los propietarios y conductores”, afirma la hoy Senadora del MIRA, Gloria Stella Díaz, durante la Audiencia Pública ‘Situación del Transporte Público Especial en Colombia’, promovida por el MIRA –realizada en octubre de 2017–, a la cual asistieron cerca de un centenar de conductores del sector se denunciaron diversos abusos.

Para el representante a la Cámara por Bogotá, Carlos Guevara, “el Gobierno Nacional debe crear un plan de mejora para los propietarios y conductores que se han visto afectados por la gran cantidad de irregularidades que rondan al sector”.

EL TIEMPO pudo conocer varios casos de afectados como el de *Sonia, quien incursionó en este negocio y mediante un crédito compró una camioneta Duster en un reconocido concesionario.

“El vendedor me aseguró que con la empresa transportadora con la cual tienen convenio, iba a tener un contrato fijo y que podría ganar unos cinco millones mensuales”.

Sin embargo, cuando finalizó el proceso de vinculación, el contrato ofrecido nunca se cumplió y Sonia quedó condicionada a lo que le diera la empresa, con ganancias muy por debajo de lo inicialmente ofrecido.

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Ese tipo de ofertas de contratos son el principal gancho de los concesionarios y ciertas empresas transportadoras para atraer a potenciales compradores, como quedó demostrado en un video proporcionado por el MIRA, al cual tuvo acceso EL TIEMPO.

Por otra parte, y para poder trabajar con la transportadora, Sonia tuvo que pagar adicionalmente $10’500.000 pesos, suma que esas empresas llaman cupo o capacidad transportadora, costo que los propietarios asumen teniendo en cuenta que van tener un supuesto contrato para recuperar dicha inversión.

Este cobro es tan solo una de muchas irregularidades. Según fuentes oficiales del Ministerio de Transporte, “como lo establece el decreto 348 de 2015, la capacidad transportadora la fija el Ministerio a las empresas con fundamento en los contratos suscritos con los conductores” y, aclara, “en relación con el cobro del mal denominado cupo, en ninguna norma se autoriza este cobro”. Sin embargo, la realidad es otra y las empresas sí cobran por dicho concepto.

Algo que llama altamente la atención es que el vehículo que un ciudadano compra se matricula y queda registrado a nombre de la empresa transportadora, sin que esta haya aportado un solo peso para pagarlo. Con esta maniobra la empresa puede demostrar ante el Ministerio de Transporte que tiene la capacidad de vehículos propios que les pide la ley y un mes después de esa afiliación hace el traspaso al verdadero propietario. (Ver: ‘Capacidad’).

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“Otro de los abusos que cometen estas empresas es que por cada contrato de transporte que yo (el conductor) consiga debo entregarle el 25% por ciento a la empresa donde estoy afiliado”, nos comenta Orlando*, otro de los afectados.

Nos explica que esas empresas afiliadoras obtienen contratos con compañías privadas y/o gubernamentales a las que les cobran alrededor de 7 millones por cada vehículo que asignen, de los cuales tan solo 2 millones los recibe el propietario, quien muchas veces es también conductor.

Otro cobro irregular que hacen algunas empresas es por el Fuec (Formato Único del Contrato) y que estas denominan ‘rodamiento’, a un costo de $80.000 pesos mensuales.

Este documento lo deben portar los conductores que estén prestando servicio de transporte especial, como lo establece la resolución 1069 de 2015 reglamentada por el artículo 14 del decreto 348 de 2015. En dicha resolución, el artículo 15 establece: “Por la expedición del Formato Único de Extracto del Contrato –FUEC–, la empresa de servicio público de transporte especial no podrá cobrar al propietario y/o locatario del vehículo dinero alguno”.

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Sin embargo, ciertas empresas lo hacen, como consta en recibos de pago suministrados por los afectados, y si el conductor no paga esta suma, no le asigna servicios.

Otra irregularidad delicada es la no vinculación de los conductores a una Administradora de Riesgos Laborales –ARL–, a pesar de estar en la obligación de hacerlo. Algunas empresas trasladan ese pago a los propios conductores, quienes deben aportar de sus propios recursos la suma de 32.000 pesos mensuales.

El miedo a ser desvinculados de las empresas o que no les asignen contratos es la razón principal por la cual muchos de los actuales afectados callan y han perdido la confianza, incluso ante la SuperTransporte, entidad encargada de vigilar el sector.

A pesar de que Sonia y Orlando han dirigido sus quejas ante dicha entidad, como lo demuestran varias cartas radicadas por ellos mismos, no han tenido respuesta favorable o solución a sus problemas.

Según el representante Guevara, a la audiencia pública asistieron delegados de la SuperTransporte, quienes manifestaron que realizarán un seguimiento a estas irregularidades, pero hasta hoy no ha habido un pronunciamiento oficial al respecto.
*Nombres cambiados por petición de las fuentes

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Capacidad transportadora
Según el decreto 348 de 2015, “La capacidad transportadora desde el punto de vista operacional puede ser fija o flotante. Será fija toda aquella que corresponda a vehículos de propiedad de la empresa o adquiridos por esta, en arrendamiento financiero o renting, y será flotante toda aquella que corresponda a vehículos de propiedad de terceros y que se vincule para la efectiva prestación del servicio”.

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El sector en cifras

Con base en el registro de empresas habilitadas suministrado por el Ministerio de Trasporte, se puede apreciar un crecimiento significativo en los últimos años, lo que podría generar una sobre oferta de vehículos y de servicio.

Según Carlos Guevara, “cerca del 23 por ciento de los conductores de transporte de servicio especial en el país no tienen trabajo. El Ministerio de Transporte les debe exigir a las empresas habilitadas que el número de vehículos autorizados sea igual al de los vinculados y al de los que se deben encontrar trabajando”.

La falta de oferta de trabajo y la imposibilidad de prestar servicio particular ha llevado a que muchos conductores se vean obligados a trabajar con plataformas como Uber y Cabify, declaradas ilegales por el Gobierno Nacional.

En 2014 estaban habilitadas en el país 1.229 empresas. Al año siguiente ingresaron 91; en el 2016 se habilitaron 203 más; y al cierre de 2017 aparecen registradas 1.663 empresas.

Algo que llama altamente la atención es que en los departamentos de Bolívar, Magdalena, Meta, Risaralda y Valle del Cauca, donde históricamente el aumento del número de empresas era en promedio entre 2 y 5 por cada año, desde el 2015 presentan el mayor número de habilitaciones dadas por las Direcciones Territoriales del Ministerio de Transporte. (Ver ‘Departamentos con mayor crecimiento’).

Según cifras del Runt, al cierre del 28 de febrero rodaban cerca de 90 mil vehículos de servicio especial en el país con Soat vigente, pero pueden ser muchos más que lo hacen y que no han renovado este documento.

Cundinamarca tiene el mayor número de registros con 37.470 vehículos, seguido por Bogotá con 10.433, Antioquia (9.627), Valle del Cauca (6.356), Santander (4.435), Atlántico (3.162), Bolivar (2.454), Huila (1.685), Boyacá (1620), Meta (1.597), Nariño (1.515), Risaralda (1.448), Caldas (1.129) y Tolima (1.048). El resto de ciudades están por debajo del millar de registros.

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