El proceso de chatarrización voluntaria de vehículos particulares no despega

A pesar de que la Ley 1630 dio un plazo de seis meses para reglamentar el proceso, no hay avances. Se podrían perder sus beneficios.

Redacción Motor

09:16 p.m. 14 de febrero del 2014

Un borrador de resolución del Ministerio de Transporte. Eso es lo que hay hasta ahora para implementar el proceso de desintegración (chatarrización) voluntaria de vehículos particulares obsoletos. Esa reglamentación, según la Ley 1630 del 2013, debió estar lista el 27 de noviembre del mismo año.

En efecto, esa Ley les otorgó un plazo de seis meses a los Ministerios de Transporte y de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para que expidieran una reglamentación que permitiera un procedimiento ágil para que los propietarios de vehículos pudieran acogerse a los beneficios de la ley (ver recuadro).

Al Ministerio de Transporte le corresponde, según la Ley, expedir una reglamentación que contenga las disposiciones para la cancelación de la licencia de tránsito de vehículos particulares. Y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ley le encomendó reglamentar las condiciones y requisitos ambientales que deberán cumplir las entidades desintegradoras o centros de tratamientos de vehículos fuera de uso interesados en desarrollar el proceso de desintegración.

Sin embargo, hasta ahora no se conoce ninguna disposición del Ministerio de Ambiente sobre las normas diseñadas para la disposición final y tratamiento de elementos contaminantes, como baterías, llantas, fluidos (aceite, gasolina, líquido de frenos, etc.), airbag, vidrios y cauchos.

Por el lado del Mintransporte, ya existe un proyecto de resolución colgado en su página web en el que se dan las primeras luces sobre los requisitos para las compañías ‘desintegradoras’ o centros de tratamiento de vehículos fuera de uso.

Además, los lineamientos y la información que debe tener el certificado de desintegración, que incluye, entre otros, el nombre e identificación del usuario y las características de identificación del vehículo.

En cuanto al procedimiento de desintegración, se exigiría un certificado de la Dirección de investigación criminal (Dijin), esto con el fin de certificar que el vehículo no tiene requerimientos judiciales y que sus sistemas de identificación sean originales, pero no aclara cómo se hará ese proceso (si hay que llevar el carro allá) pues se supone que el automotor está inservible.

Otro aspecto de seguridad es que todo el proceso, desde la entrada del vehículo al centro de desintegración hasta su conversión en chatarra, será filmado y no se permitirá la reventa de partes.

Los beneficios de la Ley 1630

Esta ley exonera del pago de impuestos y elimina la exigencia de la revisión técnico mecánica y el Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat) a los propietarios de vehículos obsoletos o inservibles, de modelo-año 2000 hacia atrás.

El plazo para obtener estos beneficios es de dos años, contados a partir de la sanción de la ley, es decir, hasta el 27 de mayo del 2015.

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