Sálvese quien pueda

Sálvese quien pueda

Redacción Motor

08:04 p.m. 09 de febrero del 2015

Desafortunadamente, cuando se abordan los temas normativos del automóvil en Colombia hay pocas cosas nuevas para escribir, pues los responsables de ordenar tecnológicamente el funcionamiento de semejante sector de nuestra vida, en todos los aspectos, pasan agachados, sin vergüenza ni responsabilidad con sus cargos.

El reciente estudio hecho por el Cesvi, que es un instituto de investigación de la seguridad vial que auspician las aseguradoras Allianz, BBVA, Equidad, Liberty, Previsora, Solidaria, Bolívar, RSA y Suramericana (mejor dicho, todas las pesadas) junto con Fasecolda, el gremio que las representa, acaba de declarar desierta la categoría de seguridad en la cual juzgó a todos los carros hasta de 33 millones de pesos que se ofrecen a los colombianos.

La razón es que esos son “necesariamente” inseguros por dos motivos.

El primero es que los equipos de ABS de frenos y airbags delanteros −el mínimo estándar de seguridad internacional− cuestan un dinero que afecta el valor final de cada carro. Y como la franja de precios de los autos particulares populares y los taxis es tan sensible a cualquier mínima diferencia, ninguno de los vendedores les incorpora esos accesorios a sus vehículos para no darle ventaja a la competencia en el caso de que su oferta fuera más costosa.

El segundo es que no hay una normatividad del Gobierno que obligue a incorporar esos elementos de seguridad en los carros, tal como sucede en todos los países avanzados en la materia. Y serios, como es el caso de nuestro vecino Ecuador, donde un decreto puso como obligatorios los airbags y el ABS, sin discusiones, porque además de visión, hay autoridad.

Este gobierno quiso mostrar ese mismo cariz cuando empezó, pues el Ministerio correspondiente anunció la resolución respectiva obligando estos elementos. Pero no fue serio ya que resultó incapaz de sostenerla ante la presión de algunos fabricantes e importadores cuyos autos no eran aptos para recibir esos equipos. El asunto se quedó en papeles y los accidentados estampándose contra los parabrisas y tableros de sus carros o aplastados por los fierros en colisiones que el ABS podría evitar o mitigar.

El grueso de los vehículos que circulan en el país pertenece a esa franja popular que el estudio declaró desierta por falta de los elementos que hoy son de norma en muchas casas fabricantes que consideran el ABS o los airbags tan importantes como las luces o los frenos en todos sus carros. Y que no se les pasa por la mente ofrecer un producto al cual eximan de equipos que salvan vidas.

Y eso –salvar vidas– es lo que nuestro Ministerio no considera como un elemento de su política de seguridad vial. ¿Cuál? Acá de eso solo se conocen estadísticas de los borrachos y estrellados en los puentes festivos y la suma de accidentes cada cierto tiempo. Pero medidas preventivas y técnicas de fondo, ninguna, salvo los inciertos y desordenados controles de velocidad, cuyo objetivo no es esencialmente la seguridad sino el recaudo de multas.

Desafortunadamente, como decía al comienzo, esto lo he escrito muchas veces hasta el punto de ser repetitivo o parecer carente de tema, pero no se puede dejar pasar por alto e impunemente el resultado de ese estudio, que es un duro llamado de atención al Ministerio y sus funcionarios, a quienes, por lo visto hasta la fecha, esto no les preocupa aun cuando su negligencia se vuelva cómplice de muchos accidentes, lesionados y muertes.

A eso le sumamos que le entregan las licencias de conducción a quien la pague así no sepa manejar; que ponen las señales de las calles y las carreteras al capricho del contratista sin ninguna consulta con la técnica; que homologan automóviles que en ningún país responsable están autorizados para transitar por ser inseguros estructuralmente y acá fungen para llevar pasajeros aumentando los riesgos; que muchos de los buses escolares son enormes furgones descontinuados del servicio de carretera por viejos. Y, en fin, sostienen con su pasividad todo el tinglado de irresponsabilidad que nos cobija.

Y para rematar esta suma de descuidos, la caída del puente en la zona norte de Bogotá, calculado seguramente con las mismas fallidas fórmulas de los demolidos edificios de Medellín, es otra vergüenza de la ingeniería y del descuido de la autoridad civil y militar.

¿Qué tal una prueba de carga con soldados, convocados a la brava, cuando eso se hace con pesos muertos por una cantidad de elementales razones técnicas y de sentido común? ¿Qué tal que en vez de contusos estuviéramos contando 42 muertos? ¿Qué tal que estuvieran pasando vehículos y buses en ese momento?

No hay derecho a que eso haya sucedido. Que ingenieros de esa incapacidad estén haciendo esas obras. Que la ingeniería militar (?) cohabite con esos errores. Que el contrato se entregue sin concursos. Que no cuenten con las autoridades de la ciudad para poner un plan de prevención que evite eventuales daños a terceros. Que todo se quede en investigación interna o que de pronto algún oficial sea despedido por jugar con la vida de sus soldados. Y olvido en poco tiempo.

Francamente, pareciera que muchas de nuestras instituciones jugaran del lado de la tragedia y no de la seguridad de los ciudadanos.

Zona Comercial
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