Violar alguna norma ambiental con un automóvil en mal estado le puede costar un 'carcelazo'

Preocupación por las medidas policiales de arrestar e imponer multas cuantiosas por violación de las normas ambientales a los conductores. La autoridad actúa de acuerdo a una ley que aún no esta reglamentada y además debe probar que se pone en peligro la vida y la salud humana.

Redacción Motor

05:00 a.m. 29 de agosto del 2008

Diez días después del publicitado operativo de la Policía Metropolitana de Tránsito de Bogotá para judicializar conductores por contaminar el aire, las autoridades guardan absoluto silencio sobre el futuro de la aplicación del artículo 332 del Código Penal.

Lo cierto es que el balance del operativo del 18 de febrero pasado en 10 retenes instalados en distintos sitios de Bogotá dejó un conductor ¿judicializado¿,  a otros 40 sancionados por no pasar los análisis de gases, y a miles de bogotanos con la preocupación de salir a las calles expuestos a ser llevados presos u obligados a pagar una cuantiosa multa.

Dicho artículo señala que quien ¿contamine el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas o demás recursos naturales de tal forma que ponga en peligro la salud humana o los recursos fáunicos, forestales, florísticos o hidrobiológicos, incurrirá ¿sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar¿ en prisión de tres a seis años y en multa de 100 a 25 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A la redacción de Vehículos han llegado en los últimos días numerosas cartas de lectores que expresan su preocupación, más, cuando el subcomandante de la Policía de Tránsito, coronel Yesid Velásquez, anunció que los operativos continuarán, pues en su opinión, ¿la ley es para hacerla cumplir¿.

Lo que muchos no entienden es por qué, si ya existen sanciones como la inmovilización del carro y una multa, las autoridades se empeñan en aplicar una ley con penas ¿absurdas y excesivas¿. El problema, además, es que al parecer, ni la propia Fiscalía tiene claro cómo actuar en estos casos.

EL TIEMPO intentó insistentemente hablar con autoridades gubernamentales (Ministerio de Ambiente, Fiscalía General de la Nación, Policía Metropolitana de Tránsito de Bogotá) para tratar de esclarecer la situación, pero ningún funcionario atendió el llamado, incluso al fiscal General, Mario Iguarán, se le envió un cuestionario, pero al cierre de esta edición no había respondido las inquietudes formuladas.

Solamente en la Secretaría de Ambiente del Distrito, pero bajo reserva, algunos funcionarios se atrevieron a dar una explicación.
Uno de ellos le dijo a EL TIEMPO que existen muchas normas nacionales y locales que sancionan la degradación del medio ambiente, pero que ¿la Policía se puso de oficiosa a mirar los códigos penales, se dieron cuenta (del artículo 332) y dijeron que había que judicializarlos y arrancaron con los operativos¿. Sin embargo, agregó la fuente, ¿cuando empezaron a llegar esos casos a la Fiscalía, allá se dieron cuenta de que tampoco tienen claro el tema¿.

Tal ¿ligereza¿ de la Policía fue parada por la Fiscalía y van a revisar el tema muy bien, con todas las bases jurídicas, pues hay que tener en cuenta muchos elementos a la hora de judicializar a una persona, ¿porque no es que un vehículo esté causando el daño al medio ambiente, sino que es el conjunto de vehículos que hay en la ciudad (¿). Nos toca mirar si la sanción es de comparendo, de inmovilización, o si estas no son suficientes¿, sostuvo otro funcionario.


No es el único problema
La preocupación de los conductores bogotanos no está solo en la aplicación de la ley. La decisión del Ministerio de Transporte de acabar con la certificación de gases desde el primero de enero del año pasado y unirla a la revisión tecnico-mecánica ha generado en los conductores un mar de confusiones. Y muchos no saben qué hacer.

Es el caso del señor Juan Carlos Orjuela Moncada, quien en una carta plantea varias inquietudes. A él se le venció el certificado de gases en agosto del año pasado, pero para obtener el certificado de la revisión técnico-mecánica y de gases debe esperar hasta agosto de este año, fecha para la cual está programado el turno de acuerdo al último número de la placa de su carro.

¿¿Qué pasa si caigo en un retén ambiental? ¿Inmovilizan mi carro así esté perfectamente sincronizado? ¿Iré a la cárcel así no haya asesinado a nadie y no me esté escondiendo en el monte chuzando oleoductos? ¿Qué pasa con nuestras leyes?¿, son algunas de las dudas de Orjuela Moncada que EL TIEMPO trató de resolver con las autoridades pero no hubo ninguna respuesta.
Incluso, otro lector fue abordado por policías de tránsito, quienes lo acusaron ¿a ojo¿ de contaminar el aire, y hay casos en que los agentes desconocen la orden impartida por MinTransporte de unificar la revisión de gases con la técnico-mecánica.

Consultado sobre  artículo, el secretario de Ambiente del Distrito, Juan Antonio Nieto Escalante, sostuvo que este hace parte de la ley y está vigente, por lo tanto la Fiscalía tiene que aplicarlo.

¿Nosotros no podemos hacer nada, esa es una competencia establecida en el Código. Lo que nos corresponde como autoridad ambiental es el ejercicio de control en la capital¿, explicó Nieto Escalante.

En esos operativos, el año pasado en Bogotá se revisaron en las calles 134.603 vehículos; 120.778 pasaron la prueba de gases, y 13.632 incumplieron la normatividad ambiental. A estos se les impuso un comparendo (230 mil pesos) y además, 5.391 fueron inmovilizados.

Para el abogado y ex senador Darío Martínez, tampoco queda otro camino que aplicar la ley porque esta es de cumplimiento inmediato, pero para eso tiene que probarse y demostrarse que se violó la norma ambiental, que se contaminó el aire, y que se puso en peligro la vida humana, o la salud de la gente. ¿Así se tipificaría el delito y en consecuencia los jueces tendrían que cumplir la ley a cabalidad¿.

Combustibles se van debiendo
Otras inquietudes que quedan por resolver tienen que ver con los combustibles que el Estado distribuye en Colombia. Es sabido que no en todo el país se vende diesel de buena calidad, y la gasolina con etanol solo se distribuye en algunas regiones. ¿Un conductor que haga tránsito por Bogotá y su vehículo está contaminando por usar ese tipo de combustible puede ser judicializado?

Martínez asegura que el juez tiene que tener en cuenta estos aspectos, y debe hacer una valoración técnica y científica. ¿Al Gobierno también le cabe responsabilidad pues es el que hace la norma y en últimas de lo que se trata es de tutelar la preservación del medio ambiente y la salud pública¿.

En todo caso, y dadas las circunstancias, lo mejor que puede hacer como conductor es mantener su carro en buenas condiciones para evitar las sanciones y cruzar los dedos para no caer en un retén ambiental.

¿CÓMO SE MIDE EN BOGOTÁ?
En Bogotá, para determinar los niveles de emisión y el cumplimiento de la norma se tiene en cuenta la cantidad de emisiones permitida en el volumen de monóxido de carbono, y también se miden las partes por millón de hidrocarburos para vehículos de gasolina.

También depende del modelo del carro. Para un vehículo anterior a 1974, que son los más antiguos, el nivel máximo permitido de emisión de monóxido de carbono es del 10 por ciento, y a nivel de hidrocarburos es de 1.300 partes por millón en vehículos de gasolina.

Para vehículos diesel lo que se mide es la opacidad, que no es otra cosa que el humo que sale del vehículo, la intensidad que permite ver si es un gris, un oscuro o un negro, es decir, el nivel de paso de la luz frente a las partículas que salen del exhosto.
Mediante un aparato especial (opacímetro) se mide el porcentaje de opacidad en una escala, dependiendo del color que sale el humo.

El modelo más reciente, en cuanto a diesel, debe estar en un 50 por ciento de opacidad, que es el máximo permitido de la emisión, y va aumentando. Un modelo 2000 está en 60 por ciento, un modelo 90 en 65 por ciento. Cuando sobrepasan la norma en el nivel de opacidad se retiene el vehículo.


CÓMO DEFENDERSE
El abogado y ex procurador Jaime Bernal Cuéllar Primero dice que hay que partir de la base de que todo vehículo contamina, en mayor o en menor grado, cualquiera sea el combustible que use.
Y agrega que no se trata de sancionar al que no tenga la certificación de control de gases, pues ello tendría una respuesta únicamente de orden administrativo; de tránsito, por ejemplo, sería la imposición de una multa e impedir que siga transitando el vehículo (inmovilización).

Según Bernal Cuéllar, habría que demostrar si un conductor excedió los límites; hay un mínimo que habría que determinar y saber si está dentro del marco de una violación de las normas. ¿No puede ser a ojo, tiene que determinarse con medios técnicos para saber el mínimo, si lo excede tienen que establecerse las razones correspondientes¿, comenta Cuéllar.

Además, habría que determinar el nivel de contaminación para precisar si desbordan los límites permitidos para el uso de automotores. La cuantificación de la pena y la multa dependen del grado de contaminación y el riesgo para la salud, ¿porque puede ser que se dé en un lugar donde no haya concentración de personas o, por el contrario, en un lugar donde se afecte un conglomerado¿.

Del pago de las multas pueden responder, como terceros civilmente responsables, las empresas transportadoras, es decir, entra a operar el tercero civil responsable, o sea que las compañías de transporte tendrían que meterse la mano al bolsillo.

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