Más de 190 mil fotomultas sin notificar correctamente a los ciudadanos

A Jorge Balaguera* le impusieron una el año pasado por estacionar en un lugar prohibido, pero se enteró cuando 'apareció en el sistema', al momento de hacer el traspaso del carro que acaba de vender.

Redacción Motor

05:16 a.m. 12 de septiembre del 2014

Este caso es tan solo uno de al menos 190.000 órdenes de comparendos electrónicos que la Secretaría de Movilidad (SDM) no ha notificado de la manera adecuada, según un informe de la Personería de Bogotá.

En un reciente informe publicado por esta sección, la SDM indicó que desde marzo de 2011, cuando empezaron a operar las fotomultas, a mayo de este año, se habían impuesto 557.585 comparendos electrónicos, lo que indica que cerca del 35 por ciento de esas sanciones no se han podido hacer efectivas.

“Esto demuestra incapacidad para enterar a los ciudadanos sobre las infracciones que cometen, lo cual no solo interfiere el ejercicio de los derechos del afectado, sino que promueve el desgaste de la Administración por las revocatorias que sobrevienen”, dice la Personería.

Esto tiene que ver con otras cifras reveladas, según las cuales, entre enero de 2013 y enero de este año, presuntos infractores de normas de tránsito solicitaron la revocatoria de 4.892 comparendos electrónicos y de ellos la SDM revocó 4.722, es decir, más del 96 por ciento, lo que para la Personería “evidencia graves falencias en los procesos de aplicación de sanciones”.

El problema tiene dos caras. Por un lado, estos 4.722 comparendos que la SDM tuvo que revocar equivalen a 1.392 millones de pesos, que en primer lugar no se pudieron cobrar a pesar de todo el trabajo que implica ir tras las infracciones de los conductores; y además, se corre el riesgo de que esa misma suerte corran los cerca de 190.000 comparendos más que no han podido ser notificados y que representan en plata unos 56.000 millones de pesos.

La otra cara es la que afecta a los ciudadanos. La indebida notificación de los comparendos, dice la Personería, “viola el debido proceso y priva al ciudadano de acogerse al beneficio del 50 por ciento de descuento por su asistencia a un curso pedagógico”.

Esto fue lo que le pasó a la señora Teresa Martínez*, a quien le impusieron una fotomulta. “Nunca me enteré. Lo supe cuando intenté cambiar mi licencia de conducción. Cuando fui a reclamar a la Secretaría de Movilidad me dijeron que habían enviado la notificación pero que no me encontraron. Y uno no puede estar todo el día en la casa esperando una notificación de algo que no sabe que viene en camino. Me habían podido dejar un aviso en el parabrisas como ocurre en otros países o en mi buzón. Al final tuve que pagar la sanción plena porque ya había perdido los beneficios por hacer un curso pedagógico y pagar a tiempo”.

Por esta razón, la Personería asegura que “esa problemática termina restando credibilidad a la institucionalidad y efectividad funcional de la sanción y constituye una vulneración a derechos fundamentales como el debido proceso y la igualdad; además, termina obstaculizando el legítimo ingreso de dineros a las arcas del Distrito”.

La Personería de Bogotá evidenció “posible negligencia” en todo este proceso, que al final afecta a los conductores.
“La SDM restringe la posibilidad al ciudadano de conocer y controvertir la infracción que se le aplica, pero sí es diligente y recursiva para notificarle su obligación de pagar la multa”. Esto porque, según ese organismo, la SDM está recurriendo a ‘herramientas’ indebidas o poco idóneas para notificar a los infractores.

Según la personería de Bogotá, la SDM, “para informar sobre la existencia de comparendos utiliza bases de datos, guías telefónicas, directorios y en general información comercial o bancaria, con el fin de ubicar a los sancionados, notificarlos de los mandamientos de pago y adelantar los cobros coactivos”.

Así mismo, cuestiona que el organismo de tránsito no tenga la misma diligencia para notificar al presunto infractor del inicio del proceso contravencional, y acuda a mecanismos poco idóneos, como citar al ciudadano a través comunicaciones dirigidas a direcciones incompletas, inexistentes o erradas, o con argumentos como que la oficina de correos no encontró la dirección; devuelve las citaciones por encontrarse cerrado el inmueble y sin dejar copia ni alerta alguna del aviso. O se comunica telefónicamente con el ciudadano, cuando ya han vencido los términos y el cobro va a caducar, para que éste ejerza su derecho a la defensa y acceda a los beneficios.

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