Carta de la semana: La abogada del caso de Funza sobre límite de velocidad es toda una jurista

Carta de la semana: La abogada del caso de Funza sobre límite de velocidad es toda una jurista

Redacción Motor

05:00 a.m. 19 de febrero del 2010

La ley 1239 que rige a partir de su promulgación, entendida como su inserción o publicación en el diario oficial, se encuentra vigente desde el 25 de julio de 2008.

En el año 2007 se publicó mi obra 'Accidentalidad y accidentología viales, de la culpa al riesgo', y desde entonces y a través de distintos foros y escenarios académicos, hemos insistido en la necesidad de que todos a los que de manera general se nos denomina 'operadores jurídicos', por lo menos hagamos el esfuerzo para obtener claridad y comprensión sobre tan complejo problema, como es el de la mal llamada 'accidentalidad vial', y en relación con los problemas que plantea a la administración de justicia, a la antropología y a la bioética.

Entre los temas puntuales está el de la velocidad, que teórica y sofísticamente se plantea como causa del mal llamado 'accidente de tránsito', lo que no es más que otro de los innumerables mitos que se usan para justificar algunas políticas públicas y privadas, incoherentes, deshilvanadas y en todo caso condenadas al fracaso, como son las denominadas de educación y seguridad vial.

En este sentido, la velocidad como causa de la mal llamada accidentalidad vial ha penetrado el escenario jurídico como un verdadero intruso, proveniente de las estadísticas, tanto públicas como privadas, y de manera especial de la industria aseguradora, cuya columna vertebral es la ocurrencia de cada siniestro, unidad de medición para el cálculo de todos los valores que comporta la 'asegurabilidad' del riesgo y que de manera sustancial es diferente conceptualmente del peligro, por lo que la sentencia de B. Shaw, respecto del conocimiento estadístico que dice: "La estadística es una ciencia que demuestra que si mi vecino tiene dos coches y yo ninguno, los dos tenemos de a uno", no es criterio científico para tener en cuenta en la regulación de la velocidad.

En el escenario anterior y con el permiso del General Palomino, y si aún los colombianos estamos en el Estado Social de Derecho que instauró la Constitución de 1991 y no en el 'estado de opinión y de la moral' que se pretende, la decisión adoptada por la Inspectora de Funza de absolver a una ciudadana por conducir su vehículo a 102 kph es una decisión ajustada plenamente al ordenamiento jurídico.

La ley 1239 que rige a partir de su promulgación, entendida como su inserción o publicación en el diario oficial, se encuentra vigente desde el 25 de julio de 2008.

En esta ley, es evidente que entre los varios límites máximos legales de velocidad que establece, están los de 120 kph y 80 kph en carreteras nacionales y departamentales y, según que el transporte se haga en auto público, privado o de carga.

Es sumamente claro que el artículo 2 de la Ley 1239 que modifica el artículo 107 de la Ley 769, establece que el límite máximo de velocidad no podrá sobrepasar los 120 kilómetros por hora, es decir que hasta esa velocidad máxima podemos transitar por las carreteras nacionales y departamentales.

No obstante, el parágrafo del artículo 2 faculta a Minstransporte y a los gobernadores para que establezcan "...los límites de velocidad de forma sectorizada, razonable, apropiada y coherente con el tráfico vehicular, las condiciones del medio ambiente, la infraestructura vial, el estado de las vías, visibilidad, las especificaciones de la vía, su velocidad de diseño, las características de operación de la vía.", es decir, los facultó para reglamentar la ley conforme a las características físicas y técnicas de las vías y del flujo vehicular.

De esta manera, para cualquier iniciado en Derecho, es obvio que el legislador, al dejar en manos de dichas autoridades administrativas la reglamentación de la ley 1239, no difirió, no suspendió, ni dejó condicionada la vigencia de la misma, es decir, de los nuevos límites de velocidad, a la expedición de dicha reglamentación, ni mucho menos a que puedan ser fijados arbitraria y subjetivamente, de tal manera que si las autoridades no han hecho la reglamentación técnica, por lo menos los colombianos, en conexión con el derecho fundamental a la libre circulación, tenemos derecho a conducir por todas las carreteras a una velocidad que no exceda los 120 kph, que es la prohibición que establece la Ley.

Debían advertir el peligro
Lo anterior es muy importante, por cuanto uno de los límites de velocidad máxima vigente es realmente de 120 kph, y por lo tanto, ni Mintransporte ni los gobernadores pueden establecer límites inferiores, de manera arbitraria y subjetiva y por eso en el derecho de petición que ejercí hace más de tres meses sin resolución aún, sugerí que por lo menos 100 metros antes de ingresar a un tramo curvo de una vía se coloque una señal que nos indique cuál es el radio de la curva y el límite de la velocidad crítica (física) a que puede cruzarse con base en dicho radio, pues en los tramos rectos de las vías, el criterio rector fundamental no ha de ser otro que la profundidad de la visibilidad.

Lo anterior nos libera de la carga de estrés y de temor que nos produce a los colombianos pensar que luego de cruzar una curva, y metros más adelante, está la patrulla que con radar en mano, nos dice: "Estamos aquí para proteger su vida, usted excedió el límite de velocidad".

Y uno se pregunta: ¿si la fuerza centrífuga no nos sacó al cruzar la curva del propio carril, cómo y de qué se me protege después de haberla cruzado? ¿Si el límite físico de la curva nos permite cruzarla sin ningún problema, por qué se impone una infracción por exceso de velocidad?

Evidente que los límites legales de velocidad, como las líneas continuas amarillas, en tramos rectos y al menos en las carreteras, no cumplen ninguna otra función distinta que engrosar las arcas del erario público, sin que al infractor, en la mayoría de los casos, se le haga efectiva la garantía del debido proceso del derecho de defensa, cuyo trámite 'contravencional' se inicia sin notificación personal.

En el contexto mundial y particular de Colombia, los límites de velocidad máxima legal se ponen a tono con las exigencias de la economía de mercado y así por ejemplo, en la Comunidad Europea, Chipre, es el único país que tiene un límite de velocidad máxima de 100 kph, siendo el más bajo entre todos los países europeos.

En este sentido, por ejemplo, Mintransporte en Antioquia nos ha dicho que con las autopistas de la montaña los medellinenses podremos ir por la mañana al Mar Caribe y regresar bronceados en la tarde, pues el mar estará a tan solo seis horas. En Medellín, sus autoridades locales nos han dicho que con las 'pirámides de la Oriental' y con la vía distribuidora, se ha mejorado la movilidad de la ciudad, es decir, que se han reducido los tiempos de recorrido, en tanto el transporte rueda a más velocidad.

Y siguiendo en esta misma línea, se inicia la ejecución de un plan vial para El Poblado, al cual se le agrega, además, el sofisma de la valorización. Como sea, la ciudad y el país tienen que moverse a más velocidad, por eso hoy se estila que "no es el más fuerte el que se traga al más débil, sino que es el más veloz el que se traga al más lento".

Así, incardinado el tema de la velocidad, en la variable económica de la movilidad, por lo menos, en el caso de Medellín y de otras ciudades del país, resultan incoherentes, contradictorias y faltas de sindéresis las políticas públicas de ejecución de obras viales, con gravamen de valorización y tala de árboles.
Nelson Hurtado Obando
Abogado Autor del libro Accidentalidad y accidentología viales
Ex catedrático U. de M., I.U.E., U.C.C., Conferencista.

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