Claves para la reconstrucción de accidentes en casos que lleguen a la Fiscalía

El Código de Procedimiento Penal les permite a expertos privados recolectar pruebas con el fin de adelantar una defensa técnica frente a la Fiscalía. Para el investigador, no todo culposo es homicida.

Redacción Motor

05:00 a.m. 06 de noviembre del 2009

Antes de la promulgación de la Ley 906 del 2004 que le dio vida al renovado Código de Procedimiento Penal, los conductores que se veían envueltos en accidentes graves de tránsito no tenían más remedio que esperar el dictamen del fiscal de turno, que decidía si debían ir a juicio o, incluso, si quedaban privados de la libertad por provocarles a sus víctimas lesiones personales o llevarlos a la muerte.

Las pruebas recolectadas por su oficina eran consideradas fiables y hasta 'contundentes', pues abarcaban los dictámenes de la Policía de Tránsito (con facultades de policía judicial para estos casos) y de Medicina Legal, cuyos investigadores y laboratorios eran (y siguen siendo) determinantes para comprobar las causas de los siniestros.

Luego, sin embargo, las cargas se nivelaron gracias a la Ley 906, que le permite a la defensa recolectar pruebas, reconstruir los hechos y realizar análisis técnico-jurídicos, tal como lo hace la Fiscalía, con el fin de controvertir lo investigado por ella.

Expertos en reconstrucción de accidentes, como IRS Vial, FCI y Cesvi Colombia deben seguir tres pasos desde el momento en que ocurre el accidente de tránsito, sin los cuales es imposible llegar a construir pruebas contundentes para la defensa.

1. La investigación. Es la recopilación de datos en el lugar de los hechos, es decir, la toma de mediciones que suele hacer la Policía, aunque de forma menos exhaustiva.

Los expertos se trasladan al lugar de los hechos y levantan su propio croquis. Aunque la Policía no les permite ingresar al perímetro del cordón de seguridad, tienen la tecnología suficiente para trabajar 'de lejos'. 

Esa tecnología consiste en un aparato láser que toma medidas a distancia (distanciómetro). Cumple la misma función del metro o tensiómetro que usan los policías de tránsito, aunque a diferencia de aquel, éste es más preciso.

El experto 'apunta' con al aparato hacia el sitio del accidente y, mediante unos códigos, va grabando las huellas del frenado, la distancia de los vehículos, el sitio en donde quedó el cuerpo de la víctima y todo tipo de datos que puedan ser relevantes para construir la prueba.

Si el anillo de seguridad de la Policía es muy amplio, utilizan estaciones topográficas digitales, con las que pueden trabajar hasta dos kilómetros por fuera del lugar de los hechos. Recogen puntos de toma digital, que después son procesados en un computador para sacar un plano o croquis con precisión absoluta.

La Policía se concentra dentro del perímetro de seguridad, lo cual le impide tomar fotos desde ángulos más abiertos, mientras que los investigadores de  IRS Vial o FCI se mueven por todo el lugar y realizan labores de vecindario, es decir, buscan elementos poco evidentes, como señales de tránsito, obstáculos de la vía o el estado de las calzadas. 

Además, se concentran en la gente del sector o la población flotante que haya sido testigo de la ocurrencia del accidente y la entrevistan con videocámaras y grabadoras digitales.

2. La reconstrucción. Consiste en recoger y analizar toda la información, utilizando leyes, técnicas, procedimientos y herramientas informáticas. Mientras la Fiscalía tiene para este proceso un método llamado 'Programa de Trabajo Metodológico', que procesa la información recolectada y le da un norte específico, estos centros de investigación privados hacen lo mismo, aunque a través de mesas de trabajo.

Miran las debilidades y oportunidades que tienen y hacen una 'administración del lugar de los hechos' para saber qué es útil y qué no de esa información.

Todas las evidencias pasan, finalmente, a un laboratorio, en donde expertos forenses realizan una aproximación de lo ocurrido: se hace una simulación del accidente, calculando la velocidad, los tiempos de reacción y las posiciones relativas, antes, durante y después del siniestro. Finalmente, se realiza una animación digital del hecho, la cual se convierte en 'evidencia demostrativa'. 

Todo se basa en fórmulas físicas y matemáticas comprobables, es decir, es una aproximación clara y contundente a la realidad de los hechos, que puede ser corroborada por cualquier experto del mundo.

3. El análisis técnico-jurídico. El fin último de todo este proceso es lograr una asesoría efectiva para el conductor cuando sea requerido por la justicia. El análisis final se plasma en un informe que el ente investigador le entrega al abogado defensor, en donde se interpretan los resultados, que se anexan al álbum de fotos y a la animación digital del accidente.

De nada sirve presentar un informe muy completo si, a la hora del juicio, el abogado defensor no lo sabe 'leer'. La idea de este informe es convencer al juez de lo que sucedió, por eso todo tiene que estar sustentado.

Estas empresas entregan tres niveles de informes, que no por ser más o menos completos son de diferente calidad.

El informe RAT 1 contiene un resumen ejecutivo del acontecimiento, con una foto del sitio de los hechos.

El informe RAT 2 contempla más fotografías y explica con mayor detenimiento los acontecimientos y las fórmulas físicas y matemáticas utilizadas para llegar a las respectivas conclusiones.

El informe RAT 3 abarca lo mismo que el anterior, pero se le anexa un disco digital con la animación del accidente, el croquis y un análisis más profundo de los hechos.

Cabe decir, finalmente, que los centros de investigación privados pueden recolectar y embalar evidencias físicas del sitio del accidente, cuando la Policía de Tránsito o Judicial se haya retirado, y que aquella está obligada a entregarle a la defensa su propio informe, si ésta lo solicita ante la Fiscalía.

LA TECNOLOGÍA ES CLAVE
Gracias a la animación digital, los centros de investigación privados pueden solicitar la preclusión de un homicidio culposo, cuando se comprueba que la víctima (un ciclista, por ejemplo) se pasó un semáforo en rojo y no le dio tiempo de reaccionar al conductor.

Se demuestra, por ejemplo, que el exceso de velocidad no tuvo nada que ver con el accidente, pues éste era inevitable aún a velocidad límite. Este sistema es muy útil porque se logran controvertir las pruebas de la Fiscalía más eficazmente.

BENEFICIOSO PARA TODOS
Los clientes potenciales de los centros de investigación privados pueden ser, entre otros:
*Las empresas de transporte.
*Las compañías de seguros.
*Organismos de tránsito (secretarías o el Ministerio de Transporte) que quieran adelantar estudios sobre accidentalidad de una vía especial.
*Secretarías de salud, para planes de prevención de accidentalidad.
*ARP: toda empresa tiene programas de salud ocupacional y necesitan expertos para sus capacitaciones.
*Propietarios de vehículos que no están asegurados.
*Concesiones viales.

ASÍ AUTORIZA LA LEY
El capítulo VI, artículo 267 de la Ley 906 de 2004 autoriza a la Defensa la recopilación de pruebas.

"Facultades de quien no es imputado. Quien sea informado o advierta que se adelanta investigación en su contra, podrá asesorarse de abogado. Aquél o este podrán buscar, identificar empíricamente, recoger y embalar los elementos materiales probatorios, y hacerlos examinar por peritos particulares a su costa, o solicitar a la policía judicial que lo haga. Tales elementos, el informe sobre ellos y las entrevistas que hayan realizado con el fin de descubrir información útil, podrá utilizarlos en su defensa ante las autoridades judiciales".

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