En firme ley de chatarrización voluntaria de carros particulares

Empezó carrera contrarreloj para que los Ministerios de Transporte y Medio Ambiente regulen la norma.

Redacción Motor

05:52 a.m. 14 de junio del 2013

El pasado 27 de mayo empezó a correr el plazo de seis meses que tienen los ministerios de Transporte y de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para reglamentar la Ley 1630, sancionada ese día por el presidente Juan Manuel Santos.

Esta ley agiliza los trámites para la desintegración (chatarrización) voluntaria de carros particulares.

En este lapso, al Ministerio de Transporte le corresponde elaborar “un procedimiento ágil, expedito, que contenga las disposiciones para la cancelación de la licencia de tránsito de vehículos particulares”.

La Ley 1630 exonera del pago de impuestos y elimina la exigencia de la revisión técnico mecánica y el Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat) a los propietarios de vehículos obsoletos o inservibles que se acojan en los siguientes dos años al proceso de desintegración física de sus carros.

De otra parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debe reglamentar, antes del 27 de noviembre próximo, las condiciones y requisitos ambientales que deberán cumplir las entidades desintegradoras o centros de tratamientos de vehículos fuera de uso, interesados en desarrollar el proceso de destrucción. Esto significa que, al entrar a regir la Ley, el Ministerio de Ambiente debe fijar las normas para la disposición final y tratamiento de elementos contaminantes como baterías, llantas, fluidos (aceite, gasolina, líquido de frenos, etc.), airbag, vidrios y cauchos, entre otros.

Así mismo, se deberán crear los mecanismos para llevar los vehículos a las plantas, y si se autoriza, los de la comercialización de autopartes en buen estado, una vez se cumpla su identificación y demarcación.

Luego de reglamentada la Ley 1630, las personas interesadas en chatarrizar sus vehículos podrán tramitar la exoneración de la deuda por concepto de impuestos y, ya con el paz y salvo, el propietario tiene 60 días hábiles para solicitar la cancelación de la matrícula. De no hacerlo en ese tiempo, se perderán los beneficios establecidos.

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