El Gobierno colombiano pierde el año en materia de seguridad vial

Contraloría dice que hay gestión deficiente y cuestiona que se permita la venta de vehículos sin elementos de seguridad activa y pasiva. Además, no hay vías seguras y los accidentes no disminuyen.

Redacción Motor

05:02 a.m. 05 de diciembre del 2014

Carlos A. Camacho Marín
Subeditor Vehículos

“Sin implementación”, “gestión desfavorable”, “deficiente” e “incipiente”. Son los términos con los cuales la Contraloría General de la República (CGR) califica la tarea del Ministerio de Transporte y las entidades que tienen bajo su responsabilidad diseñar e implementar la política de seguridad vial.

Para ser más exactos, la CGR rajó al Gobierno en prevención y disminución de la accidentalidad, en gestión e implementación de medidas para reducir los peligros en las carreteras (obstáculos y hacer vías seguras) y disminuir las muertes y lesiones en accidentes de tránsito.

El informe de la Contraloría se conoció el pasado 13 de noviembre durante un Foro sobre Seguridad Vial en el Congreso de la República, convocado por el Movimiento Mira.

Allí el único logro que pudo mostrar el Ministerio de Transporte fue la creación mediante una Ley de la Agencia de Seguridad Vial (diciembre del 2013), una entidad que por ahora solo está en el papel.

Entre tanto, este año se liquidó el Fondo de Prevención Vial (FPV), pues se supone que sus funciones las asumiría dicha agencia.

Este punto es importante porque el FPV se financiaba con recursos provenientes de cada póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito que compran los dueños de vehículos. La Ley 100 de 1993 establece que el 3 por ciento de las primas de cada año se destinen a campañas de prevención vial (Ver ¿Dónde está la plata del Soat?).

Volviendo al informe de la CGR, queda claro que sobre seguridad vial en el país solo ha habido buenas intenciones y compromisos internacionales, pero de ahí no se ha pasado. Esto arranca con la Ley 1450 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014) que consagró la seguridad vial como ‘Política de Estado’.

Luego se creó el CICTT (Centro Inteligente de Control de Tránsito y Transporte), cuyo objeto era “contribuir a la seguridad vial y al control en cumplimiento de las normas de tránsito y transporte”; luego vino otra ‘iniciativa’, el “Programa Integral de estándares de servicio y seguridad vial para el tránsito de motocicletas”.

Posteriormente se lanza el “Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2016” y a través de la Resolución 1282 de 2012 del Ministerio de Transporte se fijan las directrices para definir las ‘líneas de acción estratégicas para la implementación y ejecución’ de dicho plan. Esta resolución ‘pinta’ muy bien y crea una serie de comisiones y comités, pero es puro papel (Ver Un catálogo de buenas intenciones).

La Ley 1702 de 2013 creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial que tiene por objeto la “planificación, articulación y gestión de la Seguridad Vial del país, será el soporte institucional y de coordinación para la ejecución, el seguimiento y el control de las estrategias, los planes y las acciones dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos de las políticas públicas de seguridad vial del Gobierno nacional en todo el territorio nacional”.

Todo eso dice el articulado, que además incluye la creación del Observatorio Nacional de Seguridad Vial “para apoyar la planificación de la política, planes y estrategias de seguridad vial a partir del diagnóstico, análisis e investigación”.

No obstante, este año se pasó en blanco. El informe de la Contraloría es muy claro al referirse a la agencia y el observatorio: “Estado Actual: Sin implementación”.

En el 2012 el Gobierno firmó un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el que se comprometió a reducir en 50 por ciento las muertes causadas por accidentes de tránsito, durante el lanzamiento de la ‘Década de la Seguridad Vial 2011-2020’. La meta para el 2013 era reducir las muertes a cerca de 4.000. Los registros de ese año de Medicina Legal indican que hubo 6.219 víctimas fatales.

De ahí que la CGR, al examinar el resultado, lo reduce a tres palabras: “No se Cumple”. Por esta ‘inacción’, la Contraloría califica como desfavorable la gestión “desarrollada por los actores públicos y privados, con respecto al diseño e implementación del Plan Nacional de Seguridad Vial”. Dice que es “deficiente la integración de las entidades que hacen parte del Sistema de Seguridad Vial Nacional” e “incipiente” la implementación de esa política.
También cuestiona la Contraloría que no se encuentran medidas para la incorporación de elementos de seguridad activa y pasiva en los vehículos (Airbags, ABS); que se permita la importación y comercialización de vehículos no seguros y que estén desactualizados los manuales técnicos para el diseño y construcción de infraestructura con el enfoque de vías seguras.

Como punto final de esta ‘rajada’, el organismo de control resalta que el Ministerio de Transporte, como líder de la política de seguridad vial, presenta debilidades en cuanto a coordinación que permitan dar respuesta y guiar los esfuerzos para la implementación de la Política de Seguridad Vial”.

¿En dónde está la plata del Soat?
“La tendencia creciente de los recursos destinados a la seguridad vial se contrapone a la efectiva aplicación de los mismos, lo que va en contravía del fomento de la cultura de movilidad al no generar las condiciones de calidad para el desplazamiento de personas y la circulación de vehículos”. Eso dice la Contraloría en el capítulo sobre la destinación de los recursos provenientes del SOAT.

En el 2013 se emitieron 6.488.402 pólizas SOAT por un valor superior al billón y medio de pesos. Ese año los recursos para seguridad vial fueron de 45 mil 120 millones de pesos. A agosto de 2014 se han emitido 4.558.669 pólizas SOAT. Esto representa un aumento de 8,38 por ciento frente al mismo mes del año anterior, pero no se ve en dónde está esa inversión en seguridad vial. Está en TES, CDT y Fideicomisos y “no se cumple con los objetivos propuestos”, según la Contraloría.

Un catálogo de buenas intenciones
Hace poco menos de tres años se expidió la Resolución 1282, que pretendía dejar las cosas claras en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2016. Se han perdido esos tres años sin que exista algo de lo que menciona dicha norma. Aquí algunos de los elementos pendientes: Reforma al Código Nacional de Tránsito; reforma al sistema de otorgamiento de licencias de conducción; licencias de conducción por puntos; educación vial; regulación del casco para motociclistas; regulación de la velocidad; diseño seguro de vehículos automotores (airbag, ABS). Y en cuanto a la infraestructura vial, el país tendría o tiene en el papel, auditorías de seguridad vial; intervención de puntos negros; jerarquización de la red vial; mejoras en la infraestructura vial y normatividad para la infraestructura vial.

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