El 'karma' de los conductores discapacitados en Colombia

Los organismos estatales y autoridades públicas deben tener en cuenta lo establecido al momento de proferir sus respectivos actos administrativos.

Redacción Motor

09:21 p.m. 01 de abril del 2011

  Carlos Alberto Gómez Gómez
Especial para EL TIEMPO

El 'Protocolo de excepción para vehículos de personas con discapacidad del Distrito de Bogotá' es claramente violatorio de la Constitución, la ley y sentencias de la Honorable Corte Constitucional, por cuanto establece exigencias y situaciones discriminatorias y que generan cargas ominosas para los discapacitados.

1.       El objetivo de dicho protocolo ya de por sí viola los derechos fundamentales a la libre movilización y a la igualdad, al establecer la posibilidad de registrar un vehículo para transitar en horarios de pico y placa puesto que quien tiene el derecho a la libre movilización es el discapacitado, no un vehículo específico, de hecho, muchos discapacitados dependen permanente u ocasionalmente de otras personas, familiares, etc. para su transporte y movilización, por lo cual registrar un solo vehículo o tener que hacerlo con todos aquellos que pueda requerir para su transporte y movilización, resulta absurdo, gravoso, incómodo y dificultoso para el discapacitado.

2.       El tener que realizar varios trámites que le 'permitan' circular con un solo vehículo en los horarios de pico y placa no solo viola la Constitución, sino que -además- es contrario a todas las disposiciones legales y conceptos de la Honorable Corte Constitucional que establece facilitarles a los discapacitados la vida, educación, transporte y movilización (entre otras actividades y situaciones) y esto sólo se hace más difícil con estas disposiciones y en especial para la inscripción ante la secretaría de movilidad, establecida con un tiempo específico y en UN ÚNICO LUGAR en toda la ciudad para realizarlo. 

Los diferentes organismos estatales y autoridades públicas deben tener en cuenta los artículos citados (en los recuadros anexos) al momento de proferir sus respectivos actos administrativos y decisiones, ya que éstos pueden afectar el ejercicio del derecho a la igualdad de las personas en circunstancias de debilidad manifiesta.

De hecho, si determinada decisión o medida afecta el ejercicio del referido derecho de quien es el titular, respecto a una persona o grupo de personas, procederá como se ha venido diciendo, un trato especial a favor de aquél, lo cual en palabras de esta Corporación constituye un trato de discriminación positiva, el cual tiene su fundamento en la misma Carta Política.

...Al Alcalde Mayor de Bogotá y al Director de la Secretaría de Tránsito de Bogotá para que adopten las medidas e impartan las instrucciones necesarias con el fin de evitar que se incurra en conductas como la censurada en esta sentencia
 
¿Qué establece el Decreto 033 de 2009?
"Artículo 3°.- Exceptuar de la restricción consagrada en los artículos primero y segundo del presente Decreto, las siguientes categorías de vehículos:

Los que conforman la 'Caravana Presidencial', los asignados al cuerpo diplomático, las carrozas fúnebres, los pertenecientes a las Fuerzas Militares y de Policía Nacional.

Las ambulancias, los vehículos pertenecientes al Cuerpo de Bomberos y cualquier otro dedicado exclusiva y públicamente a la atención de emergencias, los vehículos que transporten a discapacitados, únicamente cuando se utilicen como medio de transporte de estas personas, siempre y cuando las mismas estén ocupando el vehículo. Para estos efectos bastará con la presentación del certificado médico correspondiente.

Los vehículos operativos de las empresas de servicios públicos domiciliarios que tengan el logo en la carrocería, los destinados al control del tráfico y las grúas al servicio de la Secretaría Distrital de Movilidad, los destinados a control de emisiones y vertimientos de la Secretaría Distrital de Ambiente que se encuentren en servicio, debidamente identificados.

Las motocicletas, los vehículos con blindaje igual o superior al nivel tres (3), los destinados a la prestación de servicios de escolta, debidamente identificados como tales y durante la prestación del servicio.

Parágrafo.- Se prohíbe la expedición de permisos especiales de circulación. Los vehículos exceptuados podrán circular con la simple demostración de las condiciones señaladas en este artículo y en consecuencia no requerirán de la expedición de permiso alguno".
 
Esto dice la Corte Constitucional
La Sentencia de la Honorable Corte Constitucional T-113 de 2003 que establece:

"La discriminación, en su doble acepción de acto o resultado, implica la violación del derecho a la igualdad. Su prohibición constitucional va dirigida a impedir que se coarte, restrinja o excluya el ejercicio de los derechos y libertades de una o varias personas, se les niegue el acceso a un beneficio o se otorgue un privilegio sólo a algunas, sin que para ello exista justificación objetiva y razonable.

Constituye un acto discriminatorio, el trato desigual e injustificado que, por lo común, se presenta en el lenguaje de las normas o en las prácticas institucionales o sociales, de forma generalizada, hasta confundirse con la institucionalidad misma, o con el modo de vida de la comunidad, siendo contrario a los valores constitucionales de la dignidad humana y la igualdad, por imponer una carga, no exigible jurídica ni moralmente, a la persona.

El acto de discriminación no sólo se concreta en el trato desigual e injustificado que la ley hace de personas situadas en igualdad de condiciones. También se manifiesta en la aplicación de la misma por las autoridades administrativas cuando, pese a la irrazonabilidad de la diferenciación, se escudan bajo el manto de la legalidad para consumar la violación del derecho a la igualdad".

Lo anterior es parte del desarrollo del principio de igualdad real y efectiva, el cual encuentra su fundamento jurídico en el inciso final del artículo 13 constitucional que reza: "El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentra en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan"; y, en el artículo 47 que establece: "El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran". 
 
Carlos Alberto Gómez Gómez
c.c. 80408911

report_error_form_error
Reporte enviado
¿Encontraste un error?
Para EL TIEMPO las observaciones sobre su contenido son importantes. Permítenos conocerlas para, si es el caso, tomar los correctivos necesarios, o darle trámite ante las instancias pertinentes dentro de EL TIEMPO Casa Editorial.