La multas por 'exceso de velocidad' se volvieron una sanción muy rentable

Los policías de carretera con sus cámaras y radares hacen las veces de cajas registradoras por las que en los últimos 20 meses han pasado más de un millón de conductores.

Redacción Motor

05:48 a.m. 24 de octubre del 2014

Imponer comparendos ‘por exceso de velocidad’ se convirtió en la gallina de los huevos de oro de los organismos de tránsito.

Exactamente son 1.094.807 personas que deben haber pagado cada una al menos 154.000 pesos, suponiendo que se acogieron a los beneficios del curso y su descuento del 50 por ciento de la multa total que es de 308.000 pesos, si la pagaron los primeros cinco días.

En el peor de los casos, a las arcas oficiales entrarán unos 168.600 millones de pesos y, en el mejor, unos 337.000 millones, por concepto de una infracción que, de lejos, es la más sancionada por los policías. Ocupa el primer lugar en el ‘Top 10’ de las infracciones de tránsito, que el año pasado sumaron 3’039.915.

Este ‘supernegocio’ surgió gracias a una ley aprobada en el Congreso en el 2008, ante la cual el Ministerio de Transporte se ha hecho el de la vista gorda, seguramente por lo rentable, y que los policías interpretan a su antojo en cada tramo de las carreteras nacionales.

Desde el 25 de julio de 2008, cuando entró en vigencia la Ley 1239, que se aprobó sin tener en cuenta ninguna consideración técnica ni de seguridad de las carreteras colombianas, los conductores han sido las víctimas de la improvisación.

Además, durante estos años el Ministerio de Transporte y el Gobierno nacional han dado bandazos que solo contribuyen a crear más confusión. Y la reglamentación de dicha ley, que incluyó la metodología para establecer los límites de velocidad y señalizar las vías, tampoco se ha cumplido. (Ver nota anexa Los bandazos en los límites de velocidad).

Como si fuera poco, en manos de gobernadores y alcaldes quedó la responsabilidad para “establecer y señalizar los límites de velocidad en las carreteras a su cargo”. En primer lugar, estos funcionarios no son los más idóneos para tomar estas decisiones; y segundo, hasta la fecha no se tiene noticia del primero que haya cumplido con la exigente resolución 1384 del Ministerio de Transporte.

Esa es una arista del problema. Otra es la destinación de los cuantiosos recursos que cada año van a parar a los organismos de tránsito y un porcentaje del recaudo que se queda en el Simit y en los bolsillos de los operadores privados de las cámaras en las ciudades.

El artículo 160 de la ley 769 del 2002 (Código Nacional de Tránsito) establece la destinación del dinero recolectado. “El recaudo por concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito se destinará a planes de tránsito, educación, dotación de equipos, combustible y seguridad vial”.

No obstante, salvo la compra de equipos (motos, radares, etc.) y combustibles es lo único que se puede apreciar, porque en materia de seguridad vial, con excepción de algunas campañas intermitentes, no se ve mayor inversión.

Esto sin contar con que algunos funcionarios de muy alto rango confunden la seguridad vial con la seguridad que prestan los policías y el ejército en las carreteras, es decir, con el orden público.

Por ejemplo, el año cuando se entregaron 207 motos, con un costo de 5.500 millones de pesos a la Policía de Tránsito, al Ejército y a la Armada, esos funcionarios destacaron la gran contribución a la ‘seguridad vial’, pues esas motos “ayudarían a reducir la piratería terrestre y la incautación de mercancía ilegal”.

En cambio, el Ministerio de Transporte ha hecho caso omiso a las recomendaciones de los expertos del programa IRAP Colombia, que tras un recorrido por más de 11.000 kilómetros de carreteras de 22 departamentos, las rajó con una vergonzosa calificación de dos estrellas en materia de seguridad vial. Las carreteras nacionales tienen tantas fallas en su diseño que lo máximo a lo que se podría andar es a 40 kilómetros por hora, concluyeron los expertos. Por eso, surge una inquietud. En vez de gastar el dinero en policías acostados y reductores de velocidad en sitios críticos cercanos a zonas escolares, que obligan de forma intempestiva a ‘pararse’ en el pedal de frenos, deberían construirse los puentes o pasos peatonales necesarios.

Los expertos de IRAP recomendaron acometer el problema con acciones de bajo costo, que se pudieran hacer de forma rápida y sin grandes inversiones para atenuar la accidentalidad en las carreteras, entre ellas, eliminar obstáculos (árboles, postes, piedras) laterales en 5.457 kilómetros; mejorar la demarcación en 575 kilómetros; instalar sistemas de contención para evitar caídas a abismos y choques con objetos laterales, instalar bandas alertadoras y construir senderos informales para peatones.

Esto seguramente lo agradecerían más los usuarios que en particular los fines de semana y los festivos son víctimas de los radares de velocidad. Y si se cambiara la actitud de algunos agentes de policía para quienes su trabajo se limita a los controles de velocidad cuando frente a sus cámaras pasan vehículos desvencijados, los lentos o los que no saben usar los carriles y que son un verdadero peligro para los demás conductores.

Impugnar o pagar

A Jorge Polanía, un ingeniero huilense, el pasado lunes festivo 13 de octubre le impusieron un comparendo por ‘exceso de velocidad’ cerca de Natagaima (Tolima) cuando regresaba a Bogotá. Según el policía que lo paró, el ingeniero venía a 105 km/h, y la señal de referencia marca 80. “Nosotros nos aguantamos hasta 100”, cuenta Polanía que le dijo el agente. Es decir, lo que está en el Código de Tránsito no cuenta.

Cuando Polanía le preguntó al agente dónde podía impugnar el comparendo, éste le dijo que en Purificación, otro municipio del Tolima, pero muy distante del lugar donde supuestamente cometió la infracción. Como eso significa más dinero y tiempo, Polanía decidió presentarse en Bogotá para hacer el curso pedagógico y pagar la multa, pero hasta el jueves pasado no había podido hacerlo porque “seguramente el agente no ha subido el comparendo al sistema”, fue la explicación que le dieron. Otra perla en estas situaciones es que ‘siempre el policía tiene la razón’ pues es la palabra del usuario contra la de los hombres de la ley.

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