Organismo de tránsito absolvió y exoneró a conductora por 'exceder límites de velocidad'

La secretaría de Tránsito de Funza dijo que como no se han reglamentado los límites de velocidad y la ley que los aumentó a 120 kph está vigente, no hay violación de la norma.

Redacción Motor

05:00 a.m. 05 de febrero del 2010

CARLOS CAMACHO MARÍN
REDACCIÓN VEHÍCULOS

El pasado 29 de enero, la Secretaría de Tránsito y  Transporte de Funza (Cundinamarca), tomó una decisión trascendental  que sienta un precedente muy importante para los conductores que han sido sancionados por exceder los límites de velocidad.
 
Ese día, a través de la resolución 00961, el organismo de tránsito absolvió de toda responsabilidad a la señora Amparo Rocha de Aragón, por "conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida", que le había sido impuesta a través de un comparendo.
 
 En los documentos oficiales conocidos por Vehículos de EL TIEMPO, Además  La STTF, resolvió "exonerar" a la señora Rocha "de pagar la  multa contemplada en el Código Nacional de Tránsito Terrestre para la infracción 064", que es la correspondiente a la violación de los límites de velocidad. Es decir, 257.500 pesos.
 
Esta historia comenzó el pasado lunes 4 de enero cuando la señora Rocha transitaba en su vehículo por la vía Mosquera - Chía (carretera departamental). En el  kilómetro 6.5, durante un operativo  de control de velocidad. El radar arrojó una velocidad de 102 kph, por lo cual le impusieron el comparendo 0002373816.
 
Y es la misma historia de 1.200 conductores que en tan solo los primeros seis días de enero de este año fueron sancionados por la misma causa en Bogotá, en donde en el año 2009 fueron multados 10.229 conductores.
 
O la misma historia de los 12.039 conductores que 'partió' la Policía de Carreteras en solo diciembre de 2009 en las vías nacionales. O, los 24.887 sancionados en el país entre enero y agosto del año pasado. Es decir, que en el último mes del año, las autoridades 'hicieron su agosto' con los conductores de autos particulares.
 
Un final diferente
Este es tal vez el primer caso que se conoce en el que un conductor sale bien librado de esta situación. Y de ahí la importancia de la decisión adoptada por las autoridades de Funza. El argumento con el cual se absolvió de toda responsabilidad a la protagonista de este caso es muy sencillo. Ella acudió a lo que dice la ley 1239 que entró en vigencia desde el 25 de julio del 2008.
 
Dicha ley permite aumentar los actuales límites máximos de velocidad en ciudades y carreteras nacionales. Fijó en 80 kph en la ciudad la velocidad máxima, y de 120 en carreteras nacionales para carros particulares; mantiene los actuales límites en zonas escolares y estableció que los vehículos de transporte escolar, de transporte público de pasajeros y de carga deberán respetar los límites actuales (60 kph en ciudades y 80 kph en carreteras).
 
Así mismo, la Ley 1239 obliga al Ministerio de Transporte, gobernadores y alcaldes a acometer la debida señalización de estas restricciones y a establecer la velocidad máxima y mínima en las zonas urbanas y en las carreteras nacionales y departamentales.
 
Un argumento de peso
Lo que más llama la atención de la decisión de las autoridades de tránsito de Funza es que en la resolución no solo aceptan la vigencia de los 120 kph como velocidad límite, sino que de alguna manera admiten el incumplimiento del Ministerio de Transporte en la reglamentación de la Ley 1239.
 
Por eso, en la resolución citan apartes textuales de la ley en los que se señalan los nuevos límites de velocidad y las responsabilidades de las autoridades nacionales, léase Ministerio de Transporte; y de alcaldes y gobernadores en la reglamentación de esos límites.
 
Dicho de otra manera, la resolución 00961 dice: "que en la carretera departamental de la vía Mosquera-Chía km6+500 mts, no se ha reglamentado por parte de las autoridades competentes el límite de velocidad permitido, así las cosas la velocidad permitida conforme a la ley vigente es no sobrepasar los 120 kph; y Amparo Rocha de Aragón conducía su vehículo al momento de los hechos a una velocidad de 109.4 kph, por consiguiente no sobrepasó el límite de velocidad".
 
Por todas estas razones, la Secretaría de Tránsito de Funza, señaló también que "se encuentra probado que Amparo Rocha, no violó la norma de tránsito, por lo tanto no es responsable de la multa extendida en el comparendo".
 
En esa situación, entonces, quedarían los miles de conductores sancionados pues queda en evidencia que lo que se ha presentado es un abuso de poder al aplicar "una norma expresamente modificada, sin vigencia e inexistente" y una violación al debido proceso, que debe aplicarse a todas las actuaciones judiciales y administrativas.
 
Al referirse a la decisión de la STTF, el profesor de la Universidad del Rosario Manuel Restrepo Medina, dijo que "esta decisión garantiza que las disposiciones legales y las sentencias de los jueces que ordenan su cumplimiento prevalezcan sobre la indolencia y la desidia de las autoridades encargadas de aplicarlas; decisiones como esta envían un claro mensaje sobre el valor de la ley y las decisiones judiciales frente a la inactividad de la administración pública para darles cumplimiento".

Por último, la accidentalidad atribuida a los excesos de velocidad es un mito y si bien, es posible que algunos accidentes ocurran por esa causa, entonces las cifras serían muchos más altas pues en casi todas las carreteras es común ver vehículos que superan los 80 kph, y solo se acata la norma cuando hay un puesto de control o radares de la policía.
 
¿En qué va la reglamentación?
Mientras los conductores siguen siendo víctimas de los comparendos por parte de las autoridades, el Ministerio de Transporte continúa haciéndole el quite a la reglamentación de la Ley 1239.
 
Ese incumplimiento ha llevado a que el Ministro Andrés Uriel Gallego se exponga a una sanción consistente en multa o arresto, pues en contra del funcionario fue interpuesto un incidente de desacato. Además, Gallego, ha hecho caso omiso de los mandamientos judiciales pues una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca lo conminó a hacer los estudios técnicos y proceder a señalizar las vías. 
 
Ese tribunal le dio un plazo de cinco meses al Ministerio -que se venció en septiembre del 2009- para que cumpliera con la ley.
 
En respuesta a otra acción, un derecho de petición, el Ministerio de Transporte le tiró la pelota al Instituto Nacional de Vías (Invías), y al Instituto Nacional de Concesiones (Inco), para que esas entidades elaboraran o contrataran los estudios requeridos.
 
Lo cierto es que hoy poco se ha avanzado en la contratación de los estudios. En una oportunidad el Invías respondió que no los había hecho "por carencia de presupuesto para cumplir en su totalidad con el requerimiento judicial".
        
En diciembre pasado, el ministro Gallego aseguró que no todas las vías cumplen con las especificaciones técnicas (ancho de vía, peralte, visibilidad, pendiente) para transitar a altas velocidades, y que la norma era básicamente para las vías de doble calzada.
 
También aseguró que a más tardar en marzo se reglamentaría la ley, y agregó que esto no se había hecho por la falta de un estudio que determine qué tipo de vías cumplen con las condiciones para permitir el tránsito a altas velocidades.
 
Lo curioso es que luego Gallego dijo que los estudios los estaba terminando la Universidad del Cauca. Por eso muchos se preguntan: si los expertos en vías están en el Ministerio de Transporte, ¿qué tiene que ver en esto la Universidad del Cauca?
 
En opinión del demandante de la acción de cumplimiento, profesor Manuel Restrepo Medina, "esta decisión de la autoridad de policía garantiza que las disposiciones legales y las sentencias de los jueces que ordenan su cumplimiento prevalezcan sobre la indolencia y la desidia de las autoridades encargadas de aplicarlas; decisiones como esta envían un claro mensaje sobre el valor de la ley y las decisiones judiciales frente a la inactividad de la administración pública para darles cumplimiento".

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