Hacemos vías a lo pobre en Colombia

Un informe de esa entidad reveló los altos sobrecostos en las concesiones de dos importantes vías del país: la ruta comercial de la Costa Atlántica con Venezuela y la vía Bogotá-Villavicencio.

Redacción Motor

05:19 a.m. 19 de agosto del 2011

Según el documento divulgado por el diario Portafolio, la vía Santa Marta-Riohacha-Paraguachón ya suma 982.500 millones de pesos, algo así como 829 por ciento más respecto al valor del contrato original que fue 121.268 millones de pesos. La obra fue adjudicada en 1994 e incluía la rehabilitación de 382,5 kilómetros de calzadas y estructuras. 

Aparte del problema de los sobrecostos, hay otros que son más graves porque se pone en alto riesgo la vida de los usuarios de esas carreteras. Las actuales vías en construcción como las dobles calzadas Bogotá - Girardot y Briceño-Tunja - Sogamoso no cumplen con aspectos importantes en materia de seguridad vial, pues fueron contratadas bajo otros parámetros y con manuales de diseño diferentes. 

"Las actuales vías, desafortunadamente fueron diseñadas con criterios anteriores al 2008. A través de conversaciones se han logrado algunas mejoras en aspectos de seguridad vial, pero para hacerlas seguras habría que volver a diseñarlas", explica el ingeniero Ary Fernando Bustamante. 

A partir del año, mediante la Ley 1228 se estableció la obligatoriedad de que las carreteras deben tener zonas de seguridad a los costados, separadores  y otros elementos que hagan las nuevas vías más seguras.  

Esos requisitos los debe cumplir las Ruta del Sol con base en los nuevos manuales de diseño y lo que dice la Ley 1228. 

"Antes no había esa conciencia, como siempre nos consideramos pobres, tenemos que hacer carreteras pobres (...) El mejor diseño es el que más barato podemos construir con especificaciones mínimas. El que más barato salga es el mejor diseño y ese fue el gran error", dice Bustamante. 

A la ausencia de  'zonas de seguridad', las actuales vías tienen separadores, bermas y banca (ancho de vía) muy angostos, y hay que sumar a esto la ausencia de una señalización eficiente o el uso de pinturas que son particularmente peligrosas para los motociclistas.  

En el tema de señalización, solamente esta semana y con una demora de más de un año, el Instituto Nacional de Vías, Invías adjudicó la licitación para poner más de 25 mil señales en las carreteras a su cargo.

Los parámetros según la Ley 1228

La Ley 1228 de 2008 determina las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión para las carreteras del sistema vial nacional. 

Para efectos de la aplicación de esta ley las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional se denominan arteriales o de primer orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer orden. 

El ancho de la franja o retiro se determina para cada una de las anteriores categorías de vías, constituyen zonas de reserva o de exclusión para carreteras y por lo tanto se prohíbe levantar cualquier tipo de construcción o mejora en las mencionadas zonas. 

Se establecen las siguientes fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión para las carreteras que forman parte de la red vial nacional: 1. Carreteras de primer orden sesenta (60) metros; 2. Carreteras de segundo orden cuarenta y cinco (45) metros; 3. Carreteras de tercer orden treinta (30) metros. 

El metraje determinado se tomará la mitad a cada lado del eje de la vía. En vías de doble calzada de cualquier categoría la zona de exclusión se extenderá mínimo veinte (20) metros a lado y lado de la vía que se medirán a partir del eje de cada calzada exterior. 

Para efecto de habilitar las zonas de reserva, se declaran de interés público las franjas establecidas. Cuando se requiera la ampliación, cambio de categoría y construcción de vías nuevas, se procederá a adelantar los trámites administrativos correspondientes para la adquisición de las fajas establecidas. 

No habrá indemnización de ningún tipo por obras nuevas o mejoras que hayan sido levantadas o hechas en las fajas o zonas reservadas a que se refiere esta ley con posterioridad a su promulgación.  

La ley prohíbe a los curadores urbanos y autoridades urbanísticas o de planeación nacional, departamental o municipal, conceder licencias o permisos de construcción de alguna naturaleza en las fajas de seguridad. 

De igual forma, prohíbe a todas las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, energía, gas, teléfono y televisión por cable e Internet, dotar de los servicios que prestan a los inmuebles que se construyan a partir de la entrada en vigencia de esta ley en las áreas de exclusión.  

Finalmente, prohíbe la instalación o emplazamiento de vallas y publicidad fija en las zonas de reserva establecidas.

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