José Clopatofsky
José Clopatofsky

Arranque 495 / A los jueces no se les toma el pelo

El director de Revista Motor, José Clopatofsky, se interroga por qué la Alcaldía de Bogotá, obligada a reabrir las bahías por ordenes judiciales, le sigue poniendo peros y trabas a la gestión.

05:00 a.m. 24 de agosto del 2009

Hace muchos meses, un ciudadano, aburrido, interpuso una acción de cumplimiento para exigirle a la Alcaldía de Bogotá que acate las órdenes contenidas en la Ley 1287 de 2009, sí, señores, Ley de la República, no capricho legislativo de estrados menores, en la cual se obliga a la restitución de todas las bahías de estacionamiento de la ciudad.

Al parecer, en la Alcaldía, al tema no le pusieron bolas, salvo para hablar de un plan de estacionamientos cobrando tarifas en esos sitios, que no se ha perfeccionado y menos, puesto en marcha.

Pensaron seguramente que eso se iba a quedar por ahí dando vueltas, pero resulta que el Tribunal de instancia final conminó a los funcionarios a poner las bahías en marcha.

La acción de cumplimiento se refiere a que esos espacios se reabran de inmediato para el uso público, sin que ello quiera decir que en un futuro no cobren el estacionamiento. Pero para la Alcaldía la prioridad parece estar al revés, porque están pensando primero en la plata que en el servicio, que fue lo que ordenó restituir la ley. Para darle caramelo a la acción de cumplimiento, cuyo juez negó aplazamientos y disculpas ante una primera petición de la Alcaldía, ahora hablan de estudios, de selectividad, de presupuestos para señalizaciones, en fin, de meterle diez millones de dólares para reabrirlas.

Que sepamos, para cerrarlas nunca hicieron estudios ni planeación, salvo para clavarles bolardos como munición de escopeta ¿muchos mal hechos-, que costaron un jurgo de plata y se debieron reponer a costillas del presupuesto de la ciudad. Pero para su reapertura hay que abrir, pues, una investigación, cuando las bahías, si existen, es porque fueron autorizadas en su momento dentro de los permisos de construcción de cada lugar donde se hallan y en ese proceso fueron debidamente justificadas y avaladas.

Ya bastantes males y estragos le ha causado esta administración al comercio con el pico y placa extendido, como para negarles a todos los establecimientos una opción rápida, expedita y ordenada para que sus clientes los visiten y les compren de manera rápida.
También, es la ocasión para crear una alternativa de estacionamiento más barata, así los dueños de parqueaderos se pongan otra vez furiosos porque se les controlan sus ingresos o le
compiten a su monopolio.

Dicen que toca invertir mucho tiempo y dinero en señalización de las bahías, cuando siempre funcionaron sin ésta. Que deben determinar las zonas para estacionamiento de personas impedidas y marcarlas, cosa que, sabiendo la orden que les venía escritorio arriba, han debido preveer hace cinco meses, desde cuando está en marcha la queja ciudadana.

Mejor dicho, acá la gente poco importa. Lo interesante es sacarle plata y si tiene carro, ni hablar: es un botín. Por el mismo camino va el Ministerio del Transporte (¿raro?) con respecto a la modificación de los límites de velocidad, que también una ley de la República ordenó revisar y modificar. Que sepamos, al respecto no ha pasado nada y el mes entrante también se vencen los plazos para que la acate, gracias a otra acción de cumplimiento justamente interpuesta por un ciudadano.

Este Ministerio tiene a la mano la excusa o salida fácil de decir que los límites actuales están bien y los ratifica, pero eso va en total contravía con el espíritu de la ley, que consideró que las actuales normas son antitécnicas y no consultan la realidad vial ni la movilidad del país. Tanto que pasó por la firma del jefe supremo del ministro Gallego antes de evaporarse en la burocracia de la entidad.

Pero no tiene sentido que eludan este trabajo y responsabilidad, que parecen alienados con su misión y trabajos, pues se vanaglorian de inaugurar vías modernas y algunas dobles calzadas que, más allá de descongestionar las rutas, buscan acelerar el movimiento de los vehículos, recortar los tiempos, hacer más eficiente el uso de los carros. Pero eso, a 80 por hora, es un sarcasmo.

A estos gobiernos, nacional y local, hay que moverlos a punta de jueces y tutelas, según lo que se ve y oye a diario, no solo para problemas de la vida comunitaria sino para obtener una cita médica o un remedio de urgencia.

Lentamente, la gente va obteniendo sus derechos y se hace sentir pues cada vez está más aburrida de promesas, de dilaciones, de vistas gordas y de que las prioridades de las administraciones sean diferentes al bien y al sentido común, cuando atenderlas les darían los mejores réditos de prestigio y reconocimiento.

Pero acá es al revés. La politiquería manda, el Gobierno patrocina que los representantes se salten los retenes constitucionales a cambio de pagarles el abogado o el comparendo, pero sus reales obligaciones las abandona a merced de los buenos vientos que hace tiempos dejaron de inflarles sus velas. Y así la gente tiene que ir a los tribunales para hacer valer sus derechos y exigir los deberes de los funcionarios a través de mecanismos
que debería causar vergüenza usarlos.

report_error_form_error
Reporte enviado
¿Encontraste un error?
Para EL TIEMPO las observaciones sobre su contenido son importantes. Permítenos conocerlas para, si es el caso, tomar los correctivos necesarios, o darle trámite ante las instancias pertinentes dentro de EL TIEMPO Casa Editorial.