José Clopatofsky
José Clopatofsky

Arranque / El Gobierno no certifica sus gases

El director de Motor, José Clopatofsky, comenta la necesidad de que el Gobierno tome medidas más efectivas sobre el uso del gas vehicular que está perdiendo terreno frente a combustibles tradicionales

05:00 a.m. 12 de abril del 2010

  Hace unas semanas, los actores del suministro y uso del gas natural del país tuvieron su congreso anual en Cartagena. Más allá de los usuales ágapes y contacto con la atmósfera caribe, el encuentro fue un enérgico llamado al Gobierno Nacional para que se alinee debidamente con las ventajas de este combustible en hogares, industrias y vehículos y le dé un trato, no prioritario, pero sí acorde con sus beneficios ambientales, económicos y sociales.

La queja del gremio es generalizada. Después de 40 años de operaciones exitosas, resulta que el Gobierno está adelantando un estudio, el cual tampoco avanza, para repensar y plantear nuevas condiciones para el servicio y negocio del gas natural.

La única noticia reciente que se ha oído por el lado del Gobierno fueron las declaraciones del Ministro de Minas y Energía, quien mostró un desalentador panorama al afirmar que las reservas de gas daban para muy pocos años, con lo cual les mandó un mensaje negativo monumental a sus usuarios actuales y potenciales.

Concretamente, en el tema del gas para vehículos, Antonio Celia, presidente de Naturgas, fue muy concreto en su discurso: "El gas natural vehicular perdió en los dos últimos años la notable dinámica que traía. El poco interés que muestran ciertas autoridades tiene mucho que ver con esta situación. No han podido, por ejemplo, centralizar el control de los vehículos, lo cual dificulta la financiación de las conversiones.

Con excepción de Ecopetrol y algunos agentes privados, nadie parece interesarse en un tema que en muchos países ocupa lugar prioritario en la agenda energética por sus enormes y reconocidas ventajas. Una breve anécdota para ilustrar el caso: Aquí trajimos a funcionarios peruanos hace cinco años para que aprendieran cómo estábamos masificando en Colombia el uso del gas vehicular. Pues Perú ya nos superó, porque supo tomar decisiones correctas y oportunas de política pública. Nosotros seguimos perdiendo terreno porque, además, se anunció, sin ninguna justificación, y de manera casi sistemática, una escasez de gas para decir poco tiempo después que Colombia busca abrir mercados de exportación, ratificando tardíamente lo que habíamos dicho: Colombia sí tiene suficientes reservas".

El gas vehicular ha tenido un incremento muy importante en su precio con el cual ha perdido competitividad frente a las cuentas de la gasolina. Por otra parte, las conversiones no pueden subir al ritmo de antes pues los vehículos viejos susceptibles de aceptarlas ya están adaptados y los nuevos no suman una cantidad tan importante como para mantener la dinámica. Los equipos se han encarecido bastante y los subsidios que existían y los plazos para pagarlos se han evaporado.

Pero el quid del asunto no es tanto el gas automotor cuyo escenario es limitado, como el que podría mover todos los sistemas de transporte masivo, cuyo impacto ambiental es sumamente alto si consumen el Acpm, por más que lo hayan modernizado. Ahí, donde órdenes y políticas terminantes del Gobierno deberían obligar al uso de buses con motores hechos para el gas, está el mayor reclamo por parte del gremio, pues son decisiones que han quedado al criterio de los alcaldes y de las administraciones locales que no siempre contratan con la tecnología en la mano. Tal es el caso que se ve en todos los sistemas masivos que se están inaugurando, en los cuales, con excepción de Medellín, se desechó la oferta del gas como combustible.

Claramente, hay ciertas desventajas técnicas como el mayor costo de los motores dedicados a gas, pero sus beneficios ambientales lo justifican plenamente. También se ha argumentado la menor potencia de los motores andando con gas, cosa que en su momento fue excluyente cuando se definió el combustible del TransMilenio bogotano. Pero hoy, las máquinas hechas para consumir gas tienen el mismo rendimiento de las de diésel y una mayor duración, pues la contaminación interna también es mucho menor. Luego la ganancia ambiental debería ser decisiva.

Acá hemos escrito y reclamado en muy repetidas y ya cansonas ocasiones que el Gobierno se comprometa en una política verde para la movilidad. Por ejemplo está la mayoría de los fabricantes interesada en apostarle al diésel en automóviles ligeros y ello ameritaría una rebaja tributaria de algún rubro, como sucede en todos los países organizados ambientalmente.

No estaría de sobra pedir que todos los taxis con motores de más de 1.000 cm3 fueran de diésel. Mucho menos, exigir que haya normas de impuestos favorables para traer vehículos con motorizaciones híbridas, tema en el cual el vecino Ecuador nos sacó una ventaja formidable y ha demostrado la aceptación que tiene esta mezcla de propulsores. Allá venden miles de estos automóviles.

Hoy, todas las ciudades del mundo se mueven para acoger de alguna forma los autos con motores eléctricos a pesar de sus limitaciones de precio y autonomía. Acá solamente se hizo una exención puntual de impuestos para un particular que trajo algunos vehículos pequeños de este tipo, pero sin ninguna normatividad universal para quien se quiera meter en este rollo.

Ya este Gobierno perdió sus ocho años en el tema de la movilidad y el medio ambiente, al menos en lo que a transporte se refiere. Se fueron a la caneca tristemente pues habríamos podido ahorrarnos este atraso y todos esos malos aires.

Sin embargo, habría que tener la esperanza de que quienes asuman el comando de esta contaminada nave se preocupen de sacarle al país un 'certificado de gases' con todas las de la ley y a tono con el resto del mundo. No es nada difícil pues todo está inventado. Es simplemente la decisión de sentido común de cualquier gobernante la que se espera, sin necesidad de tantos estudios y tomaduras de pelo.

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