José Clopatofsky
José Clopatofsky

Las Cortes se suben al carro

"Menos mal las cortes están hablando y ordenando a favor del ciudadano".

10:21 a.m. 08 de marzo del 2016

Más activo que nunca ha estado el tema del automóvil por cuenta de actuaciones del Gobierno, pronunciamientos de las altas Cortes y la turbulencia de las redes sociales, agitadas por medidas inconsistentes como las tablas de avalúos de los carros -que siguen con problemas- u otras disposiciones también dirigidas a raspar más el bolsillo del ciudadano, como algunas de las normas que van pegadas a los precios de las revisiones técnico-mecánicas.

Para sostener el temporal -afortunadamente otra vez en favor del automovilista-, la Corte Constitucional les puso rumbo y plazos a las fotomultas, que es la joven y lucrativa industria de las alcaldías para llenar sus arcas con límites de velocidad colocados a la brava y sin rigor técnico alguno en la mayoría de los casos. En muchísimos de esos retenes digitales, las velocidades de paso son absurdamente lentas con respecto a las vías y la dinámica propia de la movilidad y, claro, cae gente por decenas al día y ni hablar de los turistas en las carreteras al paso por los pueblos, cuando no son emboscados por la policía.

La ministra del Transporte informó que hay radicado un proyecto de ley en el Congreso para reglamentar el uso de las cámaras de control de velocidad en las carreteras, y con mucho olfato dijo que no es coherente hacer las nuevas vías de mejores especificaciones para que los concesionarios o alcaldes se dediquen a ponerles caprichosamente señales de límites a la baja sin ningún conocimiento ni estudios.

Lo curioso es que esas vías dependen del Ministerio y ha surgido esta selva de señales sin que la entidad actúe con el criterio que aduce, pues dejó ese tema tan delicado por cuenta de quienes las manejan, sin que medien parámetros ni controles para que eso se haga de manera lógica, técnica y con una misma visión para todo el engranaje rutero del país. La proliferación inconsulta de todas esas señales caprichosas indica que, así como las han puesto sin consultar, también el Ministerio las puede remover con un simple gesto de autoridad mientras se surte la excursión del proyecto por el Congreso, donde es muy probable que quienes deban estudiar y legislar el caso tampoco sean los más competentes e informados al respecto.

Volviendo a las fotomultas, dice la Corte que la autoridad tiene tres días hábiles para notificar la infracción comprobada de manera formal, es decir con un correo certificado debidamente aceptado y recibido por el sujeto del comparendo. Si esto no sucede, la multa se anula por error procedimental de manera automática, lo cual puede derrumbar parte del sistema financiero y logístico. Veremos cómo se implementa y desarrolla este tema que acaba de surgir cuando esta nota estaba en escritura. No se extrañen de que ahora el usuario deba pagar el correo certificado, pues seguramente para esa nueva telaraña de envíos no hay presupuesto. Para completar, solo 35 municipios reportan las fotomultas al Simit, por lo cual el pago no se puede hacer en cualquier parte, y si luego del proceso de llegada de la notificación el automovilista decide reclamar, debe ir al lugar de la multa, cuando ya puede estar en otro sitio del país donde reside.

En las revisiones técnico-mecánicas hay una resolución del famoso Ministerio que nos “cobija”, según la cual en cada diagnóstico el usuario debe pagar una suma adicional destinada a costear la instalación y la operación de cámaras que vigilarán que en las operaciones del CDA no se cometan irregularidades al grabar todos los pasos de los autos por las estaciones. Para que le claven al automovilista esta nueva platica anual solo falta que el Ministerio adjudique el contrato para comprar las cámaras, que debe ser suculento, y ojalá no resulte en equipos de museo como los que compró el alcalde Petro para las estaciones de TransMilenio.

Me parece excelente que exista ese monitoreo, pero absurdo que sea el ciudadano quien deba pagarlo cuando es competencia del Ministerio y deber del CDA tenerlo dentro de sus equipos y servicios en línea. Es como si uno tuviera que pagar las cámaras de vigilancia de los bancos o cualquier control de este tipo, que es responsabilidad de la entidad que presta y gana plata por la revisión, y no del obligado consumidor. Por supuesto, ya las asociaciones de usuarios están en la tarea de entablar acciones judiciales contra esta medida que, a juzgar por la diligencia con que han atendido las recientes quejas, podría caerse también de un momento para otro. Ojalá antes de que compren las cámaras.

Afortunadamente están surgiendo todos estos debates y pronunciamientos, que son indicativos de la justa y sensata sensación del automovilista particular, que no tiene los mecanismos de la protesta en calles y cuya sumisión ha permitido que les caminen por encima con muchas regulaciones e impuestos que no se compadecen con la forma como cumple con las obligaciones, paga impuestos, sin embargo es visto desde los escritorios como un infractor en ruedas. O lo vuelven a la brava con las normas mal concebidas y los controles abusivos.

Menos mal las cortes están hablando y ordenando a favor del ciudadano.


FRASE
“Me parece excelente que exista ese monitoreo, pero absurdo que sea el ciudadano quien deba pagarlo, cuando es competencia del Ministerio y deber del CDA tenerlo dentro de sus equipos y servicios en línea. Es como si uno tuviera que pagar las cámaras de vigilancia de los bancos o cualquier control de este tipo, que es responsabilidad de la entidad que presta y gana plata por la revisión, y no del obligado consumidor”.

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