José Clopatofsky
José Clopatofsky

La cosa va en serio

“La1843 es una buena ley que por fin está del lado de los conductores, de la seguridad y de la responsabilidad que implica el uso de vías públicas".

11:34 a.m. 25 de julio del 2017

Ya están debidamente ejecutados todos los trámites y firmas por parte de la Presidencia de la República para que el documento clasificado con el número 1843 del pasado 14 de julio de este año sea una ley irreversible de nuestra república.

Su contenido lo habíamos divulgado oportunamente en las páginas sabatinas de Vehículos y comentado en este espacio, pues su alcance es muy importante, ya que regula la abusiva –y desde la citada fecha ilegal– proliferación de cámaras prácticamente particulares en su operación y el descarado recaudo para controles de velocidad en todas las vías del país.

La ley les da 180 días de plazo –es decir, que volveremos sobre el tema exactamente el próximo 14 de enero– al Ministerio y a la insípida Agencia de Seguridad Vial para que reglamenten su funcionamiento, en lo cual se incluye ubicación técnica, estudio de cada vía de acuerdo con sus especificaciones, calidades y calibración de los aparatos, señalización, y reduce a un 10 por ciento sobre el recaudo lo que reciben los particulares que venden u operen estas cámaras. Hoy se quedan hasta con un escandaloso 75 por ciento de cada comparendo. Es claro que quienes tienen esos convenios en ejecución seguirán disfrutando tan injusta prebenda, pues la ley no puede eliminar retroactivamente estos compromisos comerciales. Pero sí deberán someterse a las nuevas reglas técnicas y operativas para que las cámaras y detectores funcionen dentro de las nuevas normas.

Como en todos los documentos oficiales, hay letra menuda que incrustan los ‘lobistas’ y agentes con intereses personales que a veces pasan al rango de los orangutanes legales. En este caso, el texto está bastante claro, aunque no deja de ser un poco permisivo en los tiempos y, claro, será objetivo de tutelas y zancadillas por parte de quienes se deben desmontar del negocio. Acá lo pueden leer.


Les cito algunas cosas clave:

- Solo las autoridades de Tránsito podrán expedir y recaudar órdenes de comparendos ocurridas en su jurisdicción. Se acaban las “policías cívicas” que operan en algunas partes.

- Cualquier comparendo será notificado por correo electrónico o por medio de una empresa certificada en el plazo de tres días hábiles. Siempre responde, como debe ser, el titular del vehículo en el RUNT. Por lo tanto, pilas quienes no han traspasado sus carros y los que los tienen deben actualizar sus coordenadas en el RUNT si cambian de dirección, pues la autoridad entenderá que lo que allí figure es su punto de notificación. No hay disculpa al decir que no me llegó o que cambié de residencia, pues los términos correrán para las respectivas sanciones y agravantes.

- En todas las vías donde funcionen sistemas de detección automáticos o autónomos deberán existir señales que adviertan su existencia con una debida anticipación.

- En las carreteras nacionales, toda cámara automática o radar deberá estar anunciado con señales al menos 500 metros antes. En ambos casos, se acaban los ‘francotiradores’ de la policía y los retenes perversamente ocultos. Ojo, estimados generales de la República.

- Quienes operen esos mecanismos deben tener funcionales, en el mismo plazo de los 180 días, sistemas mediante los cuales el presunto infractor pueda comparecer virtualmente para presentar descargos a distancia. Es decir, no habrá que regresar hasta el Cabo de la Vela a discutir o a pagar un parte.


Hay algunas vallas. Por ejemplo:

- Toda la implementación de la ley debe hacer parte del Plan Nacional y Territorial de Seguridad Vial. ¿Existe?

- Debe funcionar un cuerpo de agentes especializados y/o personal de planta (?).

- Las acciones deben estar soportadas por estudios técnicos realizados por una entidad idónea en accidentalidad, flujo vehicular y peatonal, geometría y ubicación (?)

- La Superintendencia de Puertos y Transporte tendrá la tarea de verificar el cumplimiento de los criterios técnicos, investigar y hasta suspender las ayudas tecnológicas que no cumplan con los requisitos de la ley. ¿Será su primera salida en público en estos aspectos?

- Los 180 días.

En resumen, es una buena ley que por fin está del lado de los conductores, de la seguridad y de la responsabilidad que implica el uso de las vías públicas. Ojalá no se malogre o se olvide en los 180 días que faltan para que el Ministerio de Transporte la haga realidad.

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