El crimen no tiene cilindrada

"No podemos seguir consolándonos con retratos hablados cuando lo que necesitamos son las reseñas efectivas de los antisociales presos”.

Por Redacción Motor

11:50 a.m. 06 de febrero del 2018

Independientemente de lo que haya podido suceder desde cuando esto escribo hasta la fecha sobre el tema de la prohibición en Bogotá de los parrilleros en las motos de más de 125 centímetros cúbicos, vale la pena hacer algunas reflexiones y precisiones.

Primero que todo, el alcalde tiende un manto de humo al citar que los motociclistas son unos consentidos de su administración, pues no pagan peajes, no pagan impuestos en los modelos populares y no tienen pico y placa. Salvo la última medida, que es potestativa de cada ciudad, las otras dos son normas de ley nacionales, en las cuales el distrito capital no tiene autoridad ni paternidad para citarlas como un gesto de benevolencia propio y exclusivo de su despacho.

Segundo, asociar la inseguridad con la cilindrada de una moto es una salida totalmente infantil. Para todos es claro que la moto se presta como una herramienta de abordaje y escape para los hampones, sin importar el tamaño del motor. Las posibilidades de evasión radican en que se pueden meter por cualquier parte, salir en contravía, atravesar un andén y desaparecer en minutos. Así sea una scooter señorera en la cual despertarían menos sospechas.

La única ventaja que tendría el uso de una máquina de más potencia y velocidad se daría en el caso de un seguimiento por parte de la policía, situación en la cual se necesita que haya un persecutor efectivo de la autoridad. Y es lo que no existe en una ciudad donde el déficit es de ¡8.000 policías!, según las cifras que resultan del cruce del número de efectivos y la población que los requiere.

La realidad es que el crimen no tiene cilindrada y limitar el uso compartido de la moto de más de 125 cm3 es algo que deja muchos más ciudadanos perjudicados que protegidos. Porque no se puede desconocer la función social que cumple hoy la moto, independientemente del tamaño de su motor. El transporte familiar y escolar, el trabajo, la movilización de elementos y tantas otras aplicaciones sobre las cuales cantidades de familias han estructurado su economía, son factores que van a cortarles de tajo su forma pacífica de vivir. Con el agravante de conminar a toda esa población que va en parrilla a saturar aún más el inseguro y colapsado transporte público y las estaciones del Transmilenio, en las cuales esta alcaldía no ha sido capaz de arreglar las puertas, las cuales en un momento de estos van a vomitar a una multitud de inocentes en la ruta de un bus.

Otro cuento que nos reparte la alcaldía es que en la ciudad hay como 425.000 motos matriculadas (son más según el RUNT) y sobre esa cifra cuantifica los alcances de su medida. Pero resulta que esa cantidad es mentira porque si revisamos las estadísticas del RUNT aparecen matriculadas en Funza, El Rosal, Chía, Soacha y Zipaquirá, los municipios vecinos, 331.342 motos, de las cuales en solo Funza figuran 185.411. Obviamente no todas circulan en esos sitios (físicamente no caben) y muchísimas sí lo hacen en Bogotá. Son de personas que matriculan en esos lugares porque hay mayores facilidades de trámites y descuentos, de las cuales muchas viven en esos municipios periféricos y trabajan en la capital y resultan muy afectadas para su transporte diario.

La ciudad está en una crisis general de seguridad. Roban a pie, en moto, en buses, en carro y hasta por internet. Hay también una creciente población nueva en franca situación de necesidad que ha sido identificada. Pero si bien la autoridad a veces logra capturas y grandes resultados, es doloroso ver que ese esfuerzo no se ve traducido en resultados, pues los jueces sueltan a las pocas horas a los ladrones y hampones –de pronto hasta a los asesinos–, porque los vericuetos de todas nuestras legislaciones están a favor de los delincuentes y no del ciudadano de bien. Y, claro, estos salen envalentonados, mejor instruidos por quienes los acompañan en sus reclusiones temporales y hasta viven algunos días por cuenta de nuestros impuestos mientras “les aclaran su situación”, que –como dice la frase de cajón en esos episodios– es muchas veces a su favor. En este aspecto, la policía tiene muchas dificultades porque los jueces exigen un cumplimiento milimétrico de los procedimientos, y en el fragor de sus operativos o de sus limitaciones se saltan alguna coma y el delincuente regresa al escenario en pocas horas.

Si esta circunstancia de impunidad rampante es decepcionante para todos nosotros, es totalmente desmoralizadora para la policía, que con las uñas y la mejor voluntad trata de cubrir una ciudad en la cual su número es como una aguja en un pajar. Antes logran mucho, pero generalmente es a posteriori, cuando lo que Bogotá y el país necesitan son acciones a priori, antes de los crímenes, los disparos y los robos. No podemos seguir consolándonos con retratos hablados cuando lo que necesitamos son las reseñas efectivas de los antisociales presos.

Total, el tema de los parrilleros buenos que quedan a pie es el retrato de víctimas inocentes e indefensas de un ambiente de hostilidad e inseguridad que no se puede controlar ni solucionar mientras haya tráfico de armas, de drogas, de motos y carros robados, compraventa de celulares, mercado negro de bicicletas y de zapatos de moda, de repuestos y pedazos de carros, de carteras y billeteras, a la luz del día y al amparo de la laxitud de las leyes y los castigos.

La tarea es por ahí, no sacando los sofás de las casas de los adolescentes inquietos.

FRASE
“La policía logra mucho, pero generalmente es a posteriori, cuando lo que Bogotá y el país necesitan son acciones a priori, antes de los crímenes, los disparos y los robos. No podemos seguir consolándonos con retratos hablados cuando lo que necesitamos son las reseñas efectivas de los antisociales presos”.

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