José Clopatofsky
José Clopatofsky

¿Hay que esperar 180 días?

"Con tres meses de atraso, el Ministerio de Transporte finalmente expidió la reglamentación de la ley que pone en cintura y lugar a las fotomultas".

10:19 a.m. 03 de abril del 2018

Con tres meses de atraso, el Ministerio de Transporte finalmente expidió la reglamentación de la ley que pone en cintura y lugar a las fotomultas, pero la resolución final, además de que les amplió con esa demora en noventa días el plazo a esos operadores para acomodarse, dejó un vacío muy confuso sobre otras medidas que, al tenor de la ley, deberían regir desde cuando el presidente la firmó, pero para la lectura de otros expertos en nuestra engorrosa letra menor, siguen flotando en el espacio para alimentar a los francotiradores de comparendos.

El tema concreto y que parece una minucia dentro del cuerpo de la resolución dejó patinando el punto de la señalización anticipada de la ubicación de las cámaras para medir la velocidad, como lo hicieron notorio las explicaciones de los altos despachos del Ministerio.

La ley exige una decente y muy visible ubicación de anuncios de las zonas que estarán bajo control de radar con 500 metros de antelación. La colocación de esas cámaras en todas las carreteras y vías urbanas dejará de ser una despiadada e injusta cacería de brujas, que se organiza sin ninguna tecnología o prioridad para la seguridad, que es la esencia de ese control.

Por ejemplo, en Medellín se han impuesto 1.849.519 fotocomparendos (incluyen multas diferentes a velocidad, pero estas son la mayoría) en los últimos siete años, y la cifra va en alza por la reciente multiplicación incontrolada de las cámaras que florecen a favor del recaudo y no necesariamente de la seguridad. En ese mismo tiempo, en Bogotá, segunda en la tabla, solamente se han formulado 881.430 multas “electrónicas”, apenas 18.713 más que en Cali, cuando la capital debe tener mucho más del doble o triple de vehículos de los que ruedan en esas ciudades y el potencial de multas según el sanguinario sistema actual sería proporcional. Esa diferencia abismal indica que las autoridades de la capital son imperdonablemente negligentes o en las otras urbes están regando cámaras a diestra y siniestra, sin ton ni son y a gusto de los alcaldes, y con el claro propósito de clavar a la gente antes que protegerla, porque las tasas de accidentes siguen en alza. Ambas cosas son verdad.

Volvamos al tema. ¿No sería lógico que, atendiendo el ruido y el texto del nuevo código de comportamiento para la autoridad, estas se anticiparan y procedieran como la biblia legal del país ya lo dice? ¿Por ejemplo, ordenando a todos sus agentes operadores de cámaras ubicarlas solo en sitios visibles, lejos de las malezas, nunca detrás de los árboles, sin camuflajes, sin ese criterio ruin con el cual ahora dicen controlar la velocidad? Ese es un simple papel con la orden a la tropa, estimado general Castrillón.

El comandante de la Policía de Carreteras, hombre dinámico y que tiene la autoridad y la mejor voluntad para que el rodaje en nuestras rutas sea más fluido, podría también obligar a sus cientos de miles de agentes a poner unas advertencias con conos a los 500 metros de sus trampas fotográficas, razonablemente instaladas, con una escala de 5, 4, 3, 2 y 1, según la distancia de aproximación. Esos cauchos prestarían un servicio mucho más útil y correcto, diferente a ponerlos en los pocos puntos de líneas discontinuas donde eventualmente se puede sobrepasar un camión y que sus agentes bloquean sistemática y absurdamente.

Claro. Ya se intuye que eso no se puede hacer porque no es oficial y porque las señales no se han diseñado ni licitado y que, por lo tanto, no se puede prestar este servicio de manera formal. Pero sí podrían hacerlo como una advertencia ‘informal’ que cumpliría el espíritu de la ley, que también prohíbe la ubicación de los policías detrás de trincheras y en plan de entrenamiento óptico como para enfrentar a guerrilleros, que es como ven desde esos sitios a los pacíficos y desesperados automovilistas que flotan en colosales filas en los días de las usuales congestiones.

Para esto no hay que esperar los 180 días, que podrían ser más porque, según expertos, serían hábiles y no calendario. Por eso si el Ministerio y su subordinada (?) fuerza pública quieren ponerse a tono y por delante de toda esa tramitomanía, podrían arrancar con el proceso sin seguir calentando burocracia, pues la ley data de julio del 2017 y, además, no fue su iniciativa. Sería el momento para que hicieran caja con lo que el Parlamento les entregó. Estos procesos les están llegando a los ciudadanos en extendidos plazos, pero que no rigen cuando los castigan o cuando impugnan los comparendos fantasmas que les aparecen en sitios a los cuales nunca han ido y por faltas que no han cometido. Porque ese es otro desorden y abuso inaudito en el cual vivimos indefensos, que esta ley ordenó corregir permitiendo que uno consulte, pague o impugne estas multas ‘online’, sin tener que ir al supuesto lugar de origen. Algo que también pareciera ser de sentido de común, pero el país no ha podido implementar justamente. No desde hace 180 días, sino desde muchos años atrás.

¿Tenemos derecho a eso?

FRASE
“¿No sería lógico que, atendiendo el ruido y el texto del nuevo mapa que viene en camino con los códigos de comportamiento para la autoridad debidamente blindados, la policía de carreteras y de vías se anticipara y procediera como la biblia legal del país lo dice?”

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