José Clopatofsky
José Clopatofsky

¿Patios o cementerios?

"Las diligencias para sacar un auto son vergonzosamente lentas y complejas, sin que la Secretaría de Bogotá haya logrado mejorar esos procesos".

11:00 a.m. 13 de junio del 2017

Un informe de nuestra sección Vehículos indicó que en los patios que controla la Secretaría de Movilidad de Bogotá hay ¡12.000! aparatos detenidos, sin contar bicicletas y rodantes de todo tipo.

Si esta cantidad es la que reporta Bogotá, no es irreal pensar que en todo el país esa población de abandonados -no es otra la situación- puede superar las 100.000 unidades. Que, de paso, el Ministerio de Transporte debería descontar de las cifras con las cuales hace sus estadísticas y proyecciones para regular la movilidad del país.

Es claro que el 95 por ciento o más de esas cifras corresponde a vehículos a los cuales no hay que pasarles una cuenta de cobro por impuestos, parqueo, multas, grúas y demás cargos económicos que supone una desafortunada visita a esos sitios, sino un acta de defunción.

Hay dos tipos de patios. Estos de la movilidad, que son un cementerio de carros, y los de las fiscalías, que sí tienen una justificación, pues allí van a parar los vehículos que están implicados en las investigaciones de accidentes y son susceptibles de ser elementos probatorios en los juicios.

En los otros yacen los “inmovilizados”, que por gracia de las desafinadas líneas del Código Nacional de Tránsito son detenidos por la casi totalidad de infracciones que un conductor puede cometer, en las cuales hay una gran dosis de fallas involuntarias y por descuidos que ni guardan relación con esta sanción.

Nadie puede cambiar lo absurdo de lo escrito, pues escrito está por la sabiduría de los padres de la patria, pero hay inmovilizaciones absolutamente desproporcionadas y absurdas, como las que imponen cuando aparecen con retenes ambientales y aceleran un motor en plena calle y calibran sus emisiones a ojo y oído, así el vehículo esté amparado por un certificado de idoneidad ambiental y mecánica vigente.

Pero la discusión vale la pena tomarla por las consecuencias más que por sus orígenes. Es claro que esos vehículos no son reclamables porque llevan años al sol y al agua, están 'canibalizados', pues la vigilancia en esos sitios siempre ha sido una babosada, son obsoletos en materia mecánica, si es que conservan sus tripas, y no tienen un valor comercial diferente al que paguen por chatarra.

Naturalmente, en las cuentas de las ciudades figuran las multas originales y los impuestos de rodamiento que se producen automáticamente, así los carros o motos o camiones o buses o pick-ups o tractores en la práctica no existan.

Tampoco es evidente que esas cuentas les estén llegando a sus dueños. Muchos no existen, no viven en donde los documentos dicen, son insolventes o, simplemente, dejaron que esas facturas se hundieran también entre la maleza de los patios.

Hay algunos mecanismos legales para que el Distrito y las entidades afines de todo el país puedan disponer de esas chatarras, declarar su abandono y proceder a venderlas para recuperar la plata. Operación y proceso que no tienen ninguna rentabilidad ni justificación, porque el valor que eventualmente se recaude no va a pagar los pendientes fiscales ni el costo del patio. Y si llegare a hacerlo, entonces debe cruzar cuentas con el ciudadano deudor y, en hipotéticos casos, devolverle plata si hay saldo a su favor.

Vienen otros problemas. Uno insólito, y es que no es posible cancelar esas matrículas porque al tenor de las normas actuales el vehículo que se quiera descontinuar debe presentar certificados de la revisión técnico-mecánica vigentes. Otra gran estupidez del Código que no se ha podido arreglar.

Suponiendo que las entidades oficiales se las arreglen para saltarse esa norma, queda la segunda parte, que es más delicada: la ambiental. Hay que sacar los aceites, los combustibles, separar los plásticos, telas, cauchos y otros elementos de las láminas y matar las numeraciones. ¿Quién, cómo, cuándo y dónde podrían hacerlo? Obviamente, eso sería por cuenta de las secretarías y a cargo de la plata que eventualmente recuperarían.

Y falta más: ¿dónde podrían chatarrizarlos teniendo en cuenta que en el país hay muy pocos sitios para hacerlo y estos solo pueden intervenir los vehículos de servicio público? ¿Quién pagaría el transporte de esos restos hasta el cementerio?

Visto todo esto, queda claro que la única función de los patios es intimidar al ciudadano, pues las diligencias para sacar un auto son vergonzosamente lentas y complejas, sin que la Secretaría de Bogotá haya logrado mejorar esos traumáticos procesos, sin duda, porque no le importa o porque coincide con su esquema de la mortificación adicional al automovilista que pueda tener un error. Y la de mantener andando una dudosa y agresiva flota de grúas, cuyos contratos siempre han sido cuestionados, y sostener unos lotes particulares a expensas de sus recursos.

FRASE
“Es claro que el 95 por ciento o más de esas cifras corresponde a vehículos a los cuales no hay que pasarles una cuenta de cobro por impuestos, parqueo, multas, grúas y demás cargos económicos que supone una desafortunada visita a esos sitios, sino un acta de defunción”.

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