José Clopatofsky
José Clopatofsky

¿Se pellizcará el Ministerio?

"Lo que al menos requerimos los usuarios de las vías son unos carros que nos protejan".

04:56 p.m. 26 de noviembre del 2015

La reacción esperada del Ministerio de Transporte luego del dramático y muy bien logrado informe del programa de televisión Séptimo día, en el cual demostraron con todo tipo de argumentos las carencias de los más elementales sistemas de seguridad de los ahora más “famosos taxis zapaticos”, indica que esa entidad podría implementar la obligatoriedad de dotar a todos los autos, fundamentalmente amarillos y los de otros colores, con ABS en los frenos y, al menos, dos airbags delanteros a partir del 2016.

En una entrevista con Vehículos de EL TIEMPO el sábado pasado, el viceministro de Transporte no da una fecha precisa del próximo año, es posible que la burocracia de esa entidad y las conexas esté un poco más dinámica o, por lo menos, angustiada. Ojalá no sea como sucedió con un primer anuncio, hace como cinco años.

Una causa de esa lentitud imperdonable es que juegan ping-pong con el Ministerio de Comercio Exterior, dizque para que esa exigencia de seguridad elemental para todos los autos que se vendan en Colombia a partir de la famosa y elástica fecha equis, no vaya en contra de los tratados de comercio internacionales a los cuales Colombia está suscrita. Como si esa decisión no fuera de orden técnico y de competencia exclusiva del ministro de Obras-Transporte y como si adoptar los protocolos de homologación que seguramente la Organización Mundial del Comercio predica internacionalmente no fuera algo totalmente alineado con la normatividad mundial.

Al contrario. Estamos en deuda por las vacilaciones e inexactitudes para avalar localmente los combustibles internacionales, y es una vergüenza que un país que se precia de afiliarse a todas las entidades mundiales de comercio tenga en sus reglamentos internos normas que permiten rodar a algunos autos calificados en ese entonces por el ex ministro Germán Cardona como la “basura” tecnológica del mundo.

Más inexplicable es que todas esas vueltas y disculpas de este y anteriores gobiernos nos llevarán, si es que ya no nos tienen, a un ridículo papel tercermundista, pues las tesis que saltan escritorios en los ministerios donde meten mano en el tema, son redactar reglamentos técnicos locales, como si adoptar la norma europea, la de Estados Unidos o de Japón -que están más que inventadas y aceptadas por los países serios y civilizados en materia de protección a sus ciudadanos en las vías y andenes y en el transporte público- no fuera lo sensato e inteligente. Y todavía es más ingenuo hablar de montar laboratorios locales para validar los automóviles, cuando acá las entidades de control no tienen ningún equipo ni técnicos competentes para eso. Basta con pedir las fichas de los exámenes de Ncap y LatinNcap, que son referencia mundial, en los cuales certifican, sin injerencia de los fabricantes, la seguridad de los carros.

Bastaría con hacer valer los reglamentos de esos tres orígenes mediante un decreto o una resolución, luego de una simple tarea de traducción y compaginación de los textos para homogenizar las pequeñas diferencias que tienen y emitir una decisión que, seguro, haría mucho más feliz a la OMC. Y, de paso, homologar solamente las pruebas hechas en los laboratorios que son aprobados por esos países, cuyos requisitos están establecidos al tenor de la seguridad de las personas y no de la conveniencia de algunas empresas.

Es bien conocido que en lugares donde las normas son profesionales y consecuentes con una política de seguridad vial, que no hay que inventar sino copiar y adaptar, no son aceptados muchos vehículos que acá se venden sin restricciones pese a que sus características estructurales, de diseño y emisiones no califican en mercados responsables por tener diseños muy antiguos o actuales pero alejados de las exigencias internacionales vigentes.

También es imperativo definir la tipología de los autos de servicio público, pues acá su tarjeta de presentación es ser baratos y desprovistos de todo accesorio y, claro, de seguridades. Con baúl de determinado tamaño, con combustibles ecológicos instalados debidamente, como sea que los definan, pero hay que aprovechar para racionalizarlos. Si suben ligeramente de precio, no se van a dejar de vender porque operarlos es un gran negocio cuando el taxi más barato no “sale” en menos de 90 millones de pesos por el sobreprecio del cupo y da para “cuota y para vivir”.

Tuve ocasión de decir en ese programa, en un aparte de la larga entrevista que sostuve con la periodista que realizó todo el cuidadoso trabajo de investigación y denuncia, que el asunto era un tema de “competencia y falta pantalones de los funcionarios” respectivos. Lo ratifico y basta con mirar cómo en Ecuador el presidente Correa impuso esa norma elemental de seguridad sin discusiones ni volubilidad ante el lobby de los agentes de vehículos que, seguro allá, y como es muy probable acá también sucedió, han entrabado este paso tan elemental y lógico en la adecuación del parque automotor.

Ya que las vías son inseguras en un altísimo porcentaje, las calles una prueba de acrobacia al timón, las normas un obsoleto cuaderno, las autoridades un elemento de sanción y no de prevención, lo que al menos requerimos los usuarios de las vías son unos carros que nos protejan.


Noticias recomendadas

Zona Comercial
report_error_form_error
Reporte enviado

¿Encontraste un error?

Para EL TIEMPO las observaciones sobre su contenido son importantes. Permítenos conocerlas para, si es el caso, tomar los correctivos necesarios, o darle trámite ante las instancias pertinentes dentro de EL TIEMPO Casa Editorial.