José Clopatofsky
José Clopatofsky

Rajada total a la Agencia de Seguridad Vial

"La Contraloría denuncia la inefectividad de las campañas que hacen dizque para disminuir los accidentes con las motos".

03:25 p.m. 30 de octubre del 2018

Que lo escribamos en esta columna ya es repetitivo, aburrido y un lugar común luego de tantos años de seguir las actividades de la Agencia de Seguridad Vial (?). Pero que la Contraloría General de la República establezca formalmente y por escrito que esta entidad ha tenido un bajo desempeño en los últimos seis años en el diseño de los controles para la evasión del SOAT y las revisiones mecánicas, que sus resultados en prevención y reducción de accidentes son pésimos y que las costosas campañas publicitarias que hace periódicamente son plata perdida porque no hacen monitoreo ni valoraciones sobre su efectividad, es ponerle un sello oficial alarmante a la actividad de esa entidad estatal.

Esta famosa Agencia nació por una ley del año 2013 en la cual se liquidó el Fondo de Prevención Vial, que era una entidad semiprivada, recibió cien mil millones de pesos de esos fondos y teóricamente era el correcto camino a seguir en la materia: que el Gobierno se apersonara de esta responsabilidad con los ciudadanos de a pie y en ruedas.

Sin embargo, la negligencia del Ministerio del Transporte del cual depende se tradujo en que solo la pusiera a funcionar en diciembre del 2015 –se gastaron más de dos años pensándola– y desde ese momento hasta la fecha ya va en cinco directores, pero eso sí con el cupo total de su planilla burocrática, que ronda en las 120 personas, supuestamente técnicos y conocedores de la materia que disponen de un jugoso presupuesto de 54.450 millones de pesos al año que agrega el 3% de lo que pagamos en cada SOAT o revisión. Pobre no es.

Si así fuera la eficacia de ese grupo, no habría razón para que la Procuraduría objetara públicamente un contrato que firmó la Agencia en enero de este año con el Findeter para una asesoría que costó nada menos que 35.000 millones de pesos sobre temas que su supuesta nómina de técnicos debía estar en capacidad de evacuar.

La Contraloría le censura a la Agencia, y por rebote lógico al Ministerio, entre otros, los siguientes pecados: Bajo desempeño en la coordinación y la articulación sectorial y territorial del plan nacional de seguridad vial en el cual intervienen 71 actores. Mínima utilización de instrumentos de apoyo para ese plan. Debilidades en la estrategia de la política pública en la implementación de planes efectivos de seguridad vial. Bajo desempeño en los planes locales de la misma. Inconsistencias en la información reportada y tolerancia en la evasión colosal en la vigencia de los SOAT y la revisión técnico-mecánica de los vehículos.

Por supuesto, la Contraloría denuncia la inefectividad de las campañas que hacen dizque para disminuir los accidentes con las motos, de los cuales el 22 por ciento tuvieron fallecidos por causas no identificadas. También declara su inconformidad porque la Agencia le destinó 20.000 millones al Observatorio Nacional de Seguridad Vial (?), cuyo trabajo se apoya en los reportes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que solamente tiene el dato de 40.988 personas lesionadas en accidentes de tránsito en el 2017, cuando Fasecolda –gremio de los aseguradores– y el Ministerio de Salud mencionan 650.256 personas afectadas. Un desfase inverosímil y una segunda cifra escandalosa.

A la luz pública, la memoria que podemos tener los ciudadanos de las tareas de la Agencia se remite a las improductivas cuñas de televisión y radio, a entrevistas superfluas sobre planes y proyectos o a la escabrosa cantidad de 156 muertos en las vías en la pasada semana del receso escolar.

Total, cuando se sabe que en las calles y las carreteras han muerto más colombianos que en los 50 años del conflicto armado, es hora de que a esto le pongan trabajo, inteligencia y conocimiento, y no se limite al cuentico del exceso de velocidad, falla de los frenos o pérdidas de control, cuando en realidad el que no tiene control sobre los pases de motos que dan a cambio del recibo de la luz, sobre el estado mecánico de los vehículos alrededor de cuyas revisiones hay un grosero mercado abierto de alquiler de partes para pasar el control, sobre la homologación de seguridad de los autos que se venden, sobre la acción preventiva de la policía que suele limitarse al chequeo de papeles, sobre la inconsistente señalización de las carreteras, sobre los antitécnicos límites de velocidad, hacia arriba y hacia abajo, sobre el estado de las calles y las vías y su diseño, y muchas otras cosas, es el Gobierno nacional con sus agentes. Para no hablar de su inexistente gestión en la movilidad, que se remite a ‘planes retorno’ donde reporta millones de vehículos que no existen en las carreteras y son la vitrina encima del mismo puente de la entrada a Bogotá ante las cámaras de televisión autoportadas para que hable el general de turno, mientras el resto del país está bloqueado.

Este Gobierno puso, como era su derecho, una nueva ministra de Transporte y esta a su vez nombró a la directora de la Agencia de Seguridad Vial, quien se sienta encima de este crudo memorial de errores y omisiones. Hay que darle tiempo para que lo lea bien, pero la eficacia de su gestión ya está en el observatorio público y el oficial de las entidades de control.

Son suficientes alertas y poco tiempo el que le queda para que muestre acciones y resultados.

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