José Clopatofsky
José Clopatofsky

¡El sentido común sería ley de la República!

"Es la hora en que la presentación del proyecto del nuevo Código de Tránsito lleva años de espera y la Agencia de Seguridad Vial sigue sin arrancar".

12:51 p.m. 18 de octubre del 2016

Por lo menos a nivel de debates y propuestas están pasando cosas muy interesantes y positivas para el mundo del automovilista colombiano y al nivel que se necesitan. En el Senado y la Cámara de Representantes avanzan con buenas perspectivas varios proyectos que deberían culminar con las leyes apropiadas en poco tiempo, dado que su contenido no es más que el resumen del sentido común que debe imperar en las vías y el control a los atropellos o agresiones fiscales de las autoridades para quien las usa a bordo de un vehículo.

Veamos. En la Cámara de Representantes ya está en avanzada discusión un sustancioso proyecto de ley que camina de la mano de Germán Navas Talero, un conocido defensor del automóvil como quiera que también ha sido automovilista de casco y overol. La propuesta de Navas, secundada por un buen grupo de sus colegas que también gozan de un disco duro cargado de lógica, reglamentaría varias cosas, como que los límites de velocidad no se podrán vigilar ni sancionar sino en sitios donde haya las respectivas señales de inicio y fin de una zona. Algo elemental, pero que acá está al ojo y gusto del policía.

En el mismo proyecto se contempla que la policía no podrá inmovilizar vehículos si a su conductor le falta algún documento y le da un tiempo racional de plazo para aportarlo. Suprime las cuotas de un número mínimo de comparendos que les piden a los agentes del tránsito (cosa bien estúpida que suceda). Obviamente, prohíbe imponer multas a un vehículo que no tenga Soat o revisión técnico-mecánica si no está circulando (un absurdo invento de las autoridades de movilidad de Bogotá que no tiene pies ni, mucho menos, cabeza por su falta de lógica al sancionar, por ejemplo, a un carro que está en reparación o desahuciado). Si no anda y no está usando la vía pública, no necesita esos documentos, diría la ley, que es lo que todos decimos.

El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, encabeza otro grupo de legisladores que mueve algo igualmente urgente y sensato. Si nuestro parlamento lo aprueba, en lo sucesivo no se podrá colocar ninguna cámara o radar detector de velocidad sin un visto bueno –por supuesto técnico– emitido previamente por el Ministerio de Transporte. Igual trámite debe surtir cualquier alcalde o autoridad de la vía antes de poner policías acostados o reductores de velocidad, tema que por ahora está a criterio de los mandatarios seccionales y de su apetito fiscal, cuando no de otros intereses menos públicos. Este proyecto lleva algo más de fondo: Es retroactivo, o sea, que todos esos elementos que estén instalados actualmente en calles y carreteras deberán obtener validación y permiso para que sus registros tengan validez jurídica.

Para completar esta racha de buenas cosas que podrían llegar para el automóvil, el alcalde de Medellín tuvo que suspender durante tres meses la imposición de fotomultas en las calles de esa ciudad ante la inconsistencia de los registros, el abuso al sancionar varias veces por la misma infracción a un conductor y la proliferación de cámaras sin ninguna lógica ni sentido, diferente al recaudo de la platica del ciudadano. Cómo serán las inconsistencias y abusos que tuvieron que llegar a esa decisión extrema, de la cual deberían aprender y copiar todos los alcaldes del país, pues esta situación se repite en todas partes y es creciente, dado el negocio de los particulares que les venden los detectores a los municipios y se quedan a veces hasta con el 70 por ciento del ‘producido’. Por ende, las cámaras abundan, no por razones de seguridad y control, sino de recaudo.

Felices quedaríamos todos si todo esto se vuelve ley de la República, y nada menos, pues de no tener ese nivel jurídico empiezan a pasarse por la faja los reglamentos al tenor del capricho de quien esté en los mandos de la policía respectiva o se siente en los escritorios a inventar resoluciones y decretos que siempre atacan al automovilista.

Es lamentable que durante tantos años estas normas, que no son más que la transcripción de la lógica, del respeto al ciudadano y la implementación de los reglamentos de movilidad en el mismo marco que rige en el mundo entero, ni siquiera figuren en el Código de Tránsito nacional y que hayamos tenido –o tengamos– que convivir en un ambiente hostil, inseguro, en el cual el vehículo siempre paga y el Gobierno poco o nada devuelve, salvo imposiciones y cargas envueltas en reglas obsoletas e improvisadas. Esta es la hora en que la presentación del proyecto del nuevo Código de Tránsito lleva años de espera y la Agencia de Seguridad Vial sigue sin arrancar, porque no han podido encontrarle una directora o director técnico y no político, si es que lo están buscando públicamente.

Frase
“Es lamentable que durante tantos años estas normas, que no son más que la transcripción de la lógica, del respeto al ciudadano y la implementación de los reglamentos de movilidad en el mismo marco que rige en el mundo entero, ni siquiera figuren en el Código de Tránsito nacional y que hayamos tenido –o tengamos– que convivir en un ambiente hostil, inseguro, en el cual el vehículo siempre paga y el Gobierno poco o nada devuelve, salvo imposiciones y cargas, envueltas en reglas obsoletas e improvisadas”.

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