José Clopatofsky
José Clopatofsky

Zanahoria y Garrote del gobierno a la industria automotriz

El director de Revista Motor, José Clopatofsky, comenta como algunas de las medidas gubernamentales acerca del sector automotor se contradicen y no están generando los resultados que se esperan.

05:00 a.m. 24 de marzo del 2009

 No se trata de desconocer ni mucho menos de descalificar la actuación del gobierno nacional al ofrecerle al sector automotor el uso de una línea de crédito con términos e intereses más favorables para tratar de incentivar la venta de carros populares hechos en el país. En medio de la cascada de medidas restrictivas para el uso del carro, de la cadena de impuestos siempre en alza y de otras políticas de gobierno totalmente adversas para el desarrollo del sector automotor, que salga una voz de apoyo del propio Palacio de Nariño es un alivio y una señal de que por fin se pensó, al menos por una vez, en ayudar en vez de seguir castigando al automóvil.

Infortunadamente, hay varias cosas que se deben comentar alrededor de esta medida de los créditos de Bancoldex y no son todas ellas tan claras ni tan halagadoras. La primera es conceptual: si se les dan incentivos y favorabilidades de crédito a los compradores de autos hechos en el país, lo más lógico es que las empresas ensambladoras se comprometan, a cambio de esa ayuda para impulsar de manera discriminada sus productos, a generar beneficios de empleo local, que es lo que el gobierno busca restituir. Alguna fórmula debería poderse conjugar para que por una cantidad de créditos otorgados regresen a sus labores equis cantidad de operarios de los que han sido despedidos recientemente.

Porque no tiene ninguna lógica que se otorguen esos impulsos y que al final de las cuentas las platas viajen a Detroit, a Hiroshima o a París para ayudar a reorganizar las finanzas de las casas matrices, dueñas de las ensambladoras nacionales. Esa ayuda,
representada por una buena dosis de fondos estatales, reclama una reciprocidad y un compromiso con quienes ponemos la plata,
que somos todos los colombianos.

El segundo punto es la incoherencia de esta decisión con respecto a otras actuaciones del gobierno en muy diversos aspectos del sector automotor. Por ejemplo, mientras se incentiva la compra de automóviles, se propone subirles los impuestos de rodamiento, según un proyecto de ley que se acerca al Capitolio. El precio de la gasolina se mantiene en un nivel impensable cuando el valor internacional del crudo se partió casi en tres y el dólar va para abajo. Todo para crear un gigantesco fondo dizque para amortizar los potenciales altibajos del precio internacional. Yo creo que mientras la gasolina mundial baja, acá también debe hacerlo pues eso favorece toda la estructura de costos del transporte que a su vez repercute directamente en la canasta familiar. Y si sube, pues habrá que pagarla, pero no eludir el beneficio nacional cuando esté el combustible más barato.

Por otra parte, el gobierno ante su total incapacidad de poner en cintura a los transportadores que gobiernan con solo atravesar dos tractomulas en la carretera de Buenaventura, como lo reconoció en una intervención el propio presidente Uribe recientemente ante importantes empresarios del sector, los protege recargando de una manera absurda los precios de los camiones con unas pólizas dizque para chatarrizar y renovar el parque, cuyo precio pone fuera del alcance y de la viabilidad la operación de un camión. Unidas las soberbias del Ministro del Transporte, ranchado en sus teorías, y la del Presidente al sostener a un funcionario que lleva las peores notas de gestión, acabaron con las ventas de camiones medianos en el país.

O sea, el gobierno por un lado saca pecho y por el otro empuja pero en reversa. ¿No sería más lógico que esos créditos supuestamente más accesibles pero que están casi al mismo nivel de los que ofrece la banca comercial, en vez de aplicarlos a carros que por baratos que sean no dejan de ser artículos de lujo, se fueran para vehículos de trabajo en los cuales la gente pueda ganarse la vida y dar empleo?

Como es una medida política más que verdaderamente económica, resulta que no se dieron cuenta de que no todas las ensambladoras tenían carros de menos de $30 millones y entonces acabaron prestando para un Spark de 21 millones y un pick-up Mazda o Ford de 40 millones. Lo cual no rima bien con la filosofía de la medida de apoyar el carro popular, cosa que nunca ha existido pues este es el vehículo usado en buenas condiciones.

Si el gobierno quiere ayudar, que baje el IVA de los carros, que ponga la gasolina en el precio que es, que empuje en forma las carreteras cuyos peajes son un veneno desproporcionado con su pésimo estado en muchas partes cruciales del país, que analice que las ensambladoras son solo el 50% de la fuerza del sector automotor y que los importadores generan toneladas de plata en impuestos.

También es del resorte gubernamental el que se hayan cerrado las ventas de nuestros vehículos en Venezuela y Ecuador por la manera como se llevan las relaciones diplomáticas con ellos. Este es un tema que siempre va en las agendas de las reuniones con los presidentes vecinos, o al menos con Chávez que sí se saluda con el nuestro, pero de las cuales nos sacan con un bocado de caramelo como contentillo. Por ejemplo, Venezuela dijo que buscaría volver a abrir las compras de vehículos colombianos, pero que fueran camiones a gas ¡que no existen! Entretanto, los carros mexicanos llegan sin pagar arancel a Colombia, sin compensación.

Muchas gracias, dice el sector, por los créditos semiblandos. Pero esa no es la solución para un potencial comprador cuya dificultad es de poder adquisitivo, más que de un punto de menos en los intereses.

Hubiera sido mucho mejor financiar cuotas iniciales en ese caso, que es lo que la gente no logra reunir. Eso se ve por el muy bajo movimiento que ha generado la medida.

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