Las dudas legales que rondan la reactivación de las ‘cámaras salvavidas’

La Secretaría de Movilidad pondrá en operación el sistema de foto detección de infracciones de tránsito. Habrá multas hasta por 88 millones de pesos.

redacción vehículos

09:22 a.m. 23 de mayo del 2020
Cámaras cazainfractores o salvavidas

Cámaras cazainfractores o salvavidas

A partir del lunes, los conductores que violen normas de tránsito como pasarse un semáforo en rojo, pico y placa, límites de velocidad o circular sin revisión técnico mecánica o sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat, serán sancionados a través de las ‘cámaras salvavidas’ como las llama la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Cámaras cazainfractores o salvavidas

Cámaras cazainfractores o salvavidas

Sin embargo, la decisión de reactivar la imposición de comparendos a través de las cámaras, tendrá que superar más de un examen jurídico. De hecho algunos expertos consideran que la medida iría en contravía de la reciente sentencia de la Corte Constitucional, y en contra de preceptos legales y constitucionales.

Lea también: La Secretaría de Movilidad responde nuestras preguntas sobre las cámaras salvavidas

En efecto, el pasado 6 de febrero la Corte Constitucional declaró inexequible el parágrafo 1º del artículo 8° de la Ley 1843 del 2017. Ese día, la Corte Constitucional indicó que ese parágrafo daba por hecho que el propietario de un vehículo era el infractor y responsable de una conducta que no estaba plenamente comprobada al momento de ser cometida.

Palabras más, palabras menos, lo que esa norma dictaba era que el dueño de un vehículo debía responder por las sanciones por incumplir normas de tránsito, así no fuera el propietario quien estuviera manejando.

Además, indicó la Corte, “la norma demandada adolece de ambigüedades en su redacción que generan incertidumbre en cuanto al respeto de garantías constitucionales ineludibles en el ejercicio del poder punitivo del Estado”.

Cámaras cazainfractores o salvavidas

Cámaras cazainfractores o salvavidas

Por esta misma razón, ese Tribunal en su sentencia dejó en manos del Congreso de la República la obligación de legislar claramente sobre la materia. Es decir, que sería el Legislativo el encargado de subsanar o corregir esta situación.

Sin embargo, solo hasta el jueves pasado, el senador Horacio José Serpa, presidente de la Comisión Sexta, presentó una proposición para crear la subcomisión accidental que evaluará la sentencia de la Corte y aseguró que espera que ésta sea instalada en el menor tiempo posible.

Asimismo, Serpa le dijo a EL TIEMPO que le envió derechos de petición a la Secretaría de Movilidad de Bogotá y al Ministerio de Transporte en los que pide que le indiquen si tuvieron en cuenta las apreciaciones y consideraciones de la Corte Constitucional
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El control y seguimiento se hará para mejorar el tránsito.

El control y seguimiento se hará para mejorar el tránsito.

La decisión de la SDM
A pesar de esto, la Secretaría de Movilidad de Bogotá decidió reactivar las cámaras y por supuesto la imposición de comparendos a través de estas a partir del lunes.

Esa entidad le dijo a EL TIEMPO que dado el caso de que sea impuesto un comparendo al dueño de un vehículo, así este no estuviera manejándolo, “la autoridad de tránsito solicitará al propietario del vehículo con el cual, se infringieron las normas de tránsito que rinda el respectivo informe, acerca de la identidad del infractor”.

Y como si esto no fuera poco, si el ciudadano “se rehúsa o remite información con errores, puede ser sancionado con una multa a favor del Distrito Capital que consistirá de hasta cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes de manera sucesiva hasta que aporte la información correctamente”. Es decir, 87.780.300 pesos.

En otras palabras, lo que está haciendo la Secretaría de Movilidad es trasladarle al ciudadano la responsabilidad de demostrar que él no es el responsable de una conducta, cuando claramente esa tarea de documentar las pruebas les corresponde a las autoridades.

Prepárese para el comparendo

Prepárese para el comparendo

‘Que tenga cuidado el Distrito’
“Esta es una forma de eludir los efectos de la inexequibilidad y de comprometer al propietario, aunque su solidaridad fue declarada contraria a la Constitución; y además, se viola la presunción de inocencia”, le dijo a EL TIEMPO el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández Galindo.

Según el exmagistrado, es la Secretaría la que está llamada a desvirtuar la presunción de inocencia. “Lo malo no es que pongan a funcionar las cámaras, sino que comprometan sin ningún fundamento al propietario del vehículo, vaya o no en su interior en el momento de la infracción. Le conste o no, y lo multan por no informar quién fue el infractor. Es algo altamente violatorio de las garantías procesales, que parece inspirado en los tribunales del Santo Oficio en la vergonzosa época de la Inquisición”.

Hernández Galindo ve otras trasgresiones a las garantías constitucionales, aparte del artículo 29 de la Constitución y Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

“Obligan al propietario a declarar contra otra persona, que bien puede ser un hijo, hermano o esposa o compañera permanente, y calificó la multa como ‘desproporcionada’.

Multas por 'exceso de velocidad', una sancion muy rentable

“La alta cifra de la multa y su carácter sucesivo contra el propietario, a quien no se ha probado hasta ese momento falta alguna, no pueden ser previstas en acto administrativo sino exclusivamente por la ley (Artículos 6 y 29 de la Constitución”.

Además, “de acuerdo con la Constitución -artículo 33- nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni contra cónyuge o compañera permanente, ni contra parientes de grado más próximo”.

Por último, Hernández Galindo, cita el artículo 243 de la Constitución: “Ninguna autoridad puede reproducir una norma declarada inexequible por la Corte Constitucional, así sea con palabras distintas. Cosa juzgada constitucional. Podría ser un prevaricato. Que tengan mucho cuidado en el Distrito”, dijo.

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