Fotomultas: siguen las dudas y trancones

Usuarios cuentan su experiencia con la imposición de comparendos a través de cámaras. Habría errores de procedimiento y falta de atención y respuesta.

redacción vehículos

03:42 p. m. 05 de marzo del 2021
Cámara fotomultas / Mauricio Moreno, El Tiempo

Cámara fotomultas / Mauricio Moreno, El Tiempo

Según la Secretaría de Movilidad de Bogotá (SDM), el año pasado, las llamadas cámaras ‘salvavidas’ registraron 63.026 infracciones de tránsito, y otras 12.437 se tomaron con aparatos convencionales. El 81 por ciento de esas infracciones fueron por exceso de velocidad.

Hasta ahí las cuentas están claras pues ese era el objetivo del sistema de 72 cámaras que les costó a los bogotanos unos 40.000 millones de pesos. Lo que no está muy claro para muchos ciudadanos, e incluso para la Procuraduría General de la Nación, es cómo hicieron la SDM y otras secretarías del país para seguir imponiendo comparendos a pesar de una sentencia de la Corte Constitucional.

El 22 de febrero, la Procuraduría General de la Nación les solicitó a los secretarios de Movilidad de las alcaldías de Bogotá, Medellín y Cali responder por el incumplimiento del fallo de la Corte Constitucional (C-038 de 2020) que establece los lineamientos para el cobro de infracciones por fotomultas.

Cámara fotomultas / Carlos Camacho

Cámara fotomultas / Carlos Camacho

“En su decisión, la Corte estableció que la responsabilidad es individual y, por lo tanto, los fotocomparendos se deben poner a quien está conduciendo y comete la infracción. Sin embargo, quejas de ciudadanos dan cuenta de que las alcaldías no estarían cumpliendo el fallo. Por eso, los secretarios tienen cinco días de plazo para presentarle al Ministerio Público las medidas adoptadas para evitar la imposición de infracciones dudosas o inexistentes a los ciudadanos”, dice el comunicado de ese organismo de control. Al cierre de esta edición no se conocía respuesta de las administraciones locales.

En febrero de 2020, a través de la sentencia C-038, la Corte declaró inexequible el parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017, que permitía imponer comparendos a través de las cámaras a la placa del vehículo y no al conductor. La Corte señaló que debe haber identificación plena de quien cometió la infracción.

Aunque en principio la SDM acató esa decisión, el 16 de junio del año pasado decidió reactivar las cámaras, “tras analizar el fallo de la Corte Constitucional”, según dijo el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, aunque el Congreso en ese momento no había cumplido con la tarea que le dejó la Corte en su sentencia.

Para esa fecha, el Congreso no había tramitado –y a la fecha tampoco lo ha hecho– una ley, que como dijo la Corte Constitucional, subsanara los vacíos de la Ley 1843. Al Congreso le corresponde definir, “de manera precisa y suficiente, los elementos de la responsabilidad sancionatoria, mucho más, cuando pretende introducir en la materia una forma de responsabilidad solidaria”, dice la sentencia.

Fotomultas, los caminos que les quedan

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En su fallo, la Corte deja en claro varias cosas. En primer lugar llamó la atención sobre la función de las multas, ratificando que los dineros de estas deben ir a programas de seguridad vial y no convertirse en “un instrumento de mero recaudo de recursos para las entidades estatales”.

En segundo lugar indicó que es la autoridad la que está obligada a presentar las pruebas ante una posible infracción de las normas, y no trasladar esa responsabilidad al ciudadano.

En junio del 2020, la SDM le dijo a EL TIEMPO que tras analizar la sentencia de la Corte dispuso “que dado el caso de que sea impuesto un comparendo al dueño de un vehículo, así este no estuviera manejándolo, la autoridad de tránsito solicitará al propietario del vehículo con el cual se infringieron las normas de tránsito que rinda el respectivo informe acerca de la identidad del infractor”. Es decir, todo lo contrario a lo dicho por la Corte.

Es cierto que las cámaras son esenciales para el control del tránsito y la seguridad en las vías, pero lo que muchos cuestionan son los procedimientos de las autoridades y la interpretación de las normas casi siempre en detrimento de los usuarios y sus bolsillos, como se puede apreciar en los testimonios de varios afectados.

Aunque lo de la reducción de la siniestralidad es un avance –los defensores de las cámaras dicen que el año pasado hubo una reducción del 22,8 por ciento en las muertes en siniestros viales–, no se menciona que en ese mismo lapso, durante varios meses, hubo restricciones a la movilidad por la pandemia.

“Aquí de lo que se trata es que ni unos ni otros se aprovechen de los vacíos legales, ni las autoridades ni los conductores. Las cámaras son excelentes elementos para prevenir accidentes, pero también es muy importante que su manejo se apegue a la ley, de forma rigurosa pero transparente para el ciudadano”, dice Pablo Rodríguez, abogado experto en tránsito.

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