Columna del Director

“¿Chuleado?”

En su columna de la más reciente revista Motor, José Clopatofsky habla sobre cómo en Colombia siempre se "chulean" anuncios de la seguridad vial pero casi nunca se "chulea" su implementación.

Por José Clopatofsky

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José Clopatofsky

José Clopatofsky

“Déjà vu”, dicen los franceses cuando una cosa se anuncia, pero resulta que es tema conocido. “Chuleado”, decimos nosotros. 

Esto surge de leer un informe que salió en EL TIEMPO sobre un proyecto de ley –otro– que cursa en el Congreso y en el cual se reciclan algunas ideas y anuncios que, con el correr de muchos años, gobiernos y parlamentarios, han merecido más prensa y burlas que decisiones. 

El que ahora se debate en el Senado, numerado como 408 del año pasado, que en su momento se hundió, se ha rebautizado como “Julián Esteban”, en memoria de un niño ciclista que pereció atropellado por una tractomula hace 11 meses. Bien.  

Esta iniciativa parlamentaria, detrás de la cual está tímidamente el Gobierno con la Agencia de Seguridad Vial, cuando debería ser de su completa autoría y responsabilidad, busca reglamentar al nivel de ley varios puntos muy positivos y necesarios, a tal punto que uno no se explica por qué no lo han sido desde hace mucho tiempo. 

Otros no tanto. Por ejemplo, obligaría a la ANSV a unificar y armonizar, antes de tres años, las reglas sobre elementos de seguridad y su cumplimiento por parte de los fabricantes de automóviles, que en Colombia no hay, pues solo se ensamblan carros ya aprobados en otros mercados y laboratorios con partes traídas y locales homologadas internacionalmente. 

Esto va en paralelo con la adhesión del país al acuerdo de las Naciones Unidas al respecto (en proceso de discusión aparte en el Congreso), que data de 1958 y ha evolucionado para acoger todas las nuevas tecnologías en los últimos ¡64 años! En ese plazo, Colombia solo ha implementado los cinturones de seguridad y apoyacabezas obligatorios y hace apenas cinco años el ABS y los airbags, cuya aplicación estuvo engavetada en MinTransporte durante siete años del gobierno Santos, por el lobby de importadores de carros obsoletos en seguridad de ese momento. Con esta ley pretenden obligar al nuevo parque automotor a instalar lo que ya existe de rigor en el mundo entero más allá de esos elementos primarios que ahora deben tener todos los carros, pues la rareza es conseguirlos sin esos sistemas o un fabricante que acceda a hacer series de vehículos obsoletos. Inventar lo que ya existe, porque la industria va por delante de la ley. “Déjà vu”. 

"No se puede poner a un país como el nuestro, arrugado y complejo, a caminar al tenor de una ley caprichosa, sino que debe rodar con las normas correctas y seguras para cada lugar. Pero rodar, no hacer fila"

¿Es necesario que estas normas sean ley de la República, que nacerá obsoleta y de dudosa implementación, pues esa adhesión al acuerdo de la ONU no es una obligación, sino un acto de buenos modales ante la comunidad internacional? 

¿No sería suficiente una resolución del Ministerio, o los Ministerios, o las tantas agencias y comités y mesas de diálogo y vericuetos consultores del Gobierno para simplemente poner, como existe en materia de emisiones, unas normas de seguridad de un día para otro y punto? Para eso es el Gobierno, y más en aspectos en los cuales no hay discusión, ni partidos, ni votos, solo la obligación de proteger a los actores viales. Si pudieron hacerlo con los airbags y ABS, ¿por qué ahora hay que darle tantas vueltas al asunto? ¿O es que en esta materia no hay gobierno? Pregunta “chuleada”, porque la hemos hecho mil veces.  

En ese mismo paquete viene el asunto de los puntos a restar por infracciones en la licencia de conducción. “Déjà vu”. Dice EL TIEMPO de agosto del 2008, hace 14 años: “La licencia por puntos ya fue aprobada por el Congreso dentro de una reforma al Código Nacional de Tránsito que entrará a regir en los próximos días, una vez el presidente Álvaro Uribe sancione la nueva ley (…) Lo cierto es que su implementación dependerá de la celeridad que le imprima el Ministerio de Transporte”. 

Del 20 de julio del 2011, figura este otro proyecto: “Por el cual se establece en Colombia el sistema de puntos en la licencia de conducción, la figura del defensor del conductor e incentivos a la conducción responsable y se dictan otras disposiciones”. Nunca se discutió, pero el naufragio delata que la famosa ley del 2008 no funcionó o la escondieron. 

Ayer estaba anunciado en el orden del día del Congreso el cuarto y último debate para evitar que el “nuevo” proyecto se hunda por trámites. Ojalá pase, porque el articulado tiene buenas ideas y le pondría orden al asunto de los pases. Sería, por fin, un tema “chuleado”.

Otro punto que está en la discusión es el control de la velocidad, poniendo 50 como máximo en vías urbanas y 100 en carreteras “4G”, que no existen, pues 4G es un sistema de contratación y no un esquema tecnológico. La velocidad es un tema que no puede estar constreñido en los términos de una ley porque debe ser ajustable de acuerdo con la supuesta mejora de las vías, las peculiaridades de cada ciudad o carretera, el uso de las mismas, la geografía, etc. No se puede poner a un país como el nuestro, arrugado y complejo, a caminar al tenor de una ley caprichosa, sino que debe rodar con las normas correctas y seguras para cada lugar. Pero rodar, no hacer fila.

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