José Clopatofsky
José Clopatofsky

El corto circuito con la reforma

En su columna de la más reciente revista MOTOR, José Clopatofsky habla del desconocimiento gubernamental sobre vehículos y movilidad eléctrica.

03:12 p. m. 04 de mayo del 2021

(Nota: Por un error involuntario en el proceso de cierre de los textos en la revista de hoy, está apareciendo en la edición impresa la columna del director del número anterior. Presentamos nuestras muy sentidas disculpas a todos los lectores).

Escribo esto una semana antes de que la revista llegue a sus manos y por lo tanto puede haber sucedido mucho en el turbulento momento social y político que vivimos, inyectado por el debate de una -como mínimo, inoportuna- reforma tributaria propuesta por el Gobierno.

Es obvio que necesita plata para numerosos programas, pero sacarla del bolsillo de los que tienen poca o nada, o de los que tienen en la justa medida de su subsistencia y las necesidades familiares, ha incendiado los ánimos que se han manifestado de manera contundente contra el proyecto.

La famosa reforma, si sigue en proceso, maquillada como “Ley de la solidaridad sostenible”, parece todo menos eso: sostenible. Y más cuando se levanta y escarba bajo el capó del articulado propuesto, pues se encuentra que, así como otros sectores han pillado toda suerte de zancadillas tributarias hasta para los entierros, en materia de vehículos los despachos del Presidente y del Ministro de Hacienda -que están a un par de cuadras de distancia- piensan en rumbos diferentes.

Esto porque, además de los nuevos impuestos propuestos para los vehículos y a sus propietarios, como más sobretasa a la gasolina, aumento del impuesto nacional conocido como ‘de rodamiento’ y subir el tributo “del carbono”, la reforma contradice la política para la tributación de los carros y buses ecológicos.

El “documento Carrasquilla” quiere subirles el IVA a híbridos y eléctricos, y quitarles el cero arancel a los que provengan de países con los cuales no hay TLC, por ejemplo Japón. Sin esos descuentos, no hay forma de masificarlos por su alto costo, porque aun con esas favorabilidades tienen esa clara desventaja.

El Presidente de la República fue gestor en el Congreso de la ley que generó los subsidios actuales, acopla al país con los convenios internacionales que ha firmado sobre el medioambiente y se obliga a cumplirlos. Eso lo dijo el mismo Duque en la sección Vehículos a comienzos de marzo de este año y lo ratificó esta semana el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia, quien afirmó que la reforma no modifica el régimen de los impuestos citados. Pero si cursa una propuesta de ley para cambiarlos, es porque sí lo haría.

O sea, o no se leen, o no se hablan, o el Ministerio lanza sus torpedos a ver qué le sale, pensando en que no vamos a escarbar la letra menuda de sus “ofertas”. Estas inconsistencias hay que pararlas a tiempo, porque en este país, en cada salón, se deciden temas del futuro de la movilidad sin coherencia ni realismo.

Por ejemplo, en el Concejo de Bogotá gastaron una semana discutiendo la norma vigente que obliga que todos los nuevos buses de la ciudad sean eléctricos a partir del año entrante. Sí, dentro de apenas doce meses, a sabiendas de que aún, de los buses existentes para el SITP, hay una parte que no han podido poner en operación por problemas de infraestructura.

Todo esto se decide cuando no hay plata para pagar el alto sobrecosto de estos buses con respecto a los diésel o los de gas, cuando no existen los articulados con esa energía y que sería una licitación para una sola marca china que está en fase experimental aún. Además, jugando con TransMilenio, que nació con un evidente esguince financiero y ahora está totalmente fracturado y enyesado por las deudas.

Todo porque alguien sugirió eso y lo aprobaron sin conocer la realidad y viabilidad del mundo eléctrico. Creen que es poner una batería y un par de cables en un vehículo y listo, cuando la tecnología profesional del automóvil apenas lo está desarrollando a nivel mundial y el precio del producto es muy elevado para clavarlo en el ejercicio de una operación diseñada con otros parámetros.

Las decisiones del futuro de nuestra movilidad requieren de un ente nacional actualizado, conocedor, consultor y realista que trace de verdad las políticas y los pasos que hay que dar en el día a día, porque la tecnología es muy cambiante y necesitará ajustes permanentes por parte de sus usuarios. No se puede amarrar su implementación con normas y plazos que pueden estar obsoletos 24 horas después.

Si este tema no se organiza y todas las entidades de gobierno no trabajan con una política y directriz nacional, la conexión del país con el futuro de la movilidad puede estar entrando en la fase de corto circuito, cuando apenas se conectan los primeros cables.

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