José Clopatofsky
José Clopatofsky

Les quedan tres años...

Primer corte de cuentas a las autoridades del Ministerio de Transporte y las demás relacionadas con el mundo automotor. Cuentas pendientes.

09:07 p.m. 22 de julio del 2019

Estamos en vísperas del primer aniversario del gobierno de Iván Duque y, como lo hará todo el mundo, cae el caprichoso corte de cuentas sobre su balance de novedades y cumplimiento de las siempre optimistas predicciones sobre la gestión de toda su corte ministerial y entidades ejecutivas que lo soportan.

Nuestra parte es obvia: ¿Qué se ha hecho en materia de seguridad vial aparte de repetidas campañas puntuales de publicidad que dispersan una buena cantidad de recursos sin resultados comprobables? ¿Se han implementado normas que actualicen y precisen el cadavérico y ambiguo código de tránsito? ¿De paso, en qué va el proyecto de un nuevo código que siempre se anuncia y nunca se realiza? ¿Qué pasó con la integración del sistema de pago automático en los peajes del país? ¿Cómo reemplazarán las 140 cámaras de vigilancia que había en las carreteras y cuyo contrato se les venció en las narices a la ANI, la Agencia de Seguridad Vial y al propio Ministerio de Transporte? ¿En qué va la colocación técnica de los radares de velocidad? ¿Sigue a la deriva la señalización de las carreteras?

Al asunto le caben muchas más preguntas que serían un resumen eterno de tantos problemas que sobreviven a ministros y presidentes, sin solución para la movilidad de los colombianos.

No hablemos de que al Ministerio de Transporte se le caen los puentes (debería ser la cartera de obras públicas, tema que es su prioridad), se le bloquea medio país por derrumbes anunciados y que no tienen arreglo a punta de palas y excavadoras, pues la montaña del kilómetro 58 de la vía a Villavicencio caerá cada vez más a medida que traten de abrirle la costura a la carretera que desapareció y destapó una vergonzosa situación de las rutas alternas.

Para no citar los cíclicos encuentros con los taxistas protestando por los Uber y las aplicaciones, el caos del mototaxismo, la erupción de patinetas en medio de los peatones, la circulación desordenada de las bicicletas, la latente amenaza de paro de los transportadores, que de momento la Ministra ha logrado neutralizar en sus mesas de trabajo, que es ahora el sistema de gobierno en el cual la concertación es más que bienvenida, pero lo serían mucho más los resultados inmediatos.

He tenido la oportunidad de conversar largo con la ministra Ángela María Orozco –su invitación muy cordial– y sus inmediatos asesores sobre estos y muchos otros temas como el Soat a la cédula, el absurdo sistema de cobro de los impuestos de tenencia de los carros, la liviandad del proceso de entrega de licencias de manejar, el descontrol total sobre las motos, la negligencia o impotencia de ese despacho y las divisiones inferiores para escribir y poner a andar una cantidad de normas pendientes en materia de seguridad y que podrían estar vigentes con una firma, etc.

Aunque ya sabemos que hay fuerzas poderosas de la misma industria y el transporte detrás de cada cambio, como las que engavetaron durante siete años la obligatoriedad de los airbags y los ABS en todos los carros, no es imposible sacar una resolución cuyo contenido no es cosa de estudios locales infinitos sentados a la mesa.

Basta con copiar o traducir las normas internacionales y listo. No requerimos inventos criollos ni podemos seguir a merced de lo que cada alcalde resuelva a su manera, ni tampoco tratar de organizar la vida en las vías desacelerándolas y tapizándolas con taches y policías acostados, en muchos casos, totalmente antitécnicos. De paso, también van ya dos comandantes de la Policía de Tránsito en nueve meses, lo cual destruye cualquier continuidad administrativa.

La Ministra es una ejecutiva que tiene una enorme experiencia en administración pública y de armas tomar, aunque no de resoluciones visibles a la fecha. Claro, hay prioridades mayores y contingencias súbitas que la desenfocan de estos temas, y eso les ha pasado a muchos ministros previos, lo cual explica la colcha de retazos sobre la cual transitamos.

Para soportarla está supuestamente la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con cuyos directores (ya van dos en diez meses) también he conversado cruda y extensamente. Son personas con capacidad y conocimientos, pero están sentados al frente de un aparato del cual no tienen el timón. En vez de ser la líder de todas estas políticas, la Agencia suele ser invitada a las “mesas de trabajo” con otros entes del Gobierno, cuando debería ser la cabeza de esa convocatoria. No tiene fuerza decisoria ni, mucho menos, sancionatoria.

Es un órgano de consulta, pero por esa condición debería tener listas muchas propuestas de acciones de seguridad y de un código de tránsito que separe la movilidad de los ciudadanos de la regulación del negocio del transporte, cuyos tentáculos en el Congreso –por donde pasa esta iniciativa– intoxican y desbaratan las discusiones que deberían llegar a decisiones urgentes y positivas.

El Ejecutivo le tiene miedo a ese proceso. O le ha tenido. Para evitarse esa confrontación, debe trabajar con dos políticas diferentes para sectores que requieren estatutos separados.

No puedo discutir ni descalificar los propósitos e intenciones de todas esas entidades. Al contrario, se admira que traten de hacer cosas, pero por su falta de poder y prioridad se estrellan con un muro de condiciones administrativas y burocráticas que diluyen el tiempo en reuniones y más reuniones de concertaciones y buenas intenciones, pero que se quedan ahí como un carrusel sin fin de ideas sin resultados.

Quedan tres años. Ojalá esa dinámica y capacidad de la Ministra y sus equipos se traduzcan en una gestión que estructure y garantice un ordenamiento técnico, seguro, moderno y realista para los 12.169.249 ciudadanos que tienen una licencia de conducción y son la cuarta parte de la población, y cuya rata de crecimiento es de más de medio millón de personas al año.
Creo que merecen una atención más que especial.

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