José Clopatofsky
José Clopatofsky

Se velaron las fotomultas automáticas

En su columna de hoy, José Clopatofsky habla sobre por qué se consideró inexequible el sistema de las fotomultas automáticas.

12:38 p.m. 18 de febrero del 2020

No es cuestión para celebrar que se hayan caído las sanciones que se estaban imponiendo de norte a sur y de oriente a occidente en el país usando las placas de los carros como sujeto. Son necesarios los controles en todas las vías, pero ahora, con esa sentencia de la Corte Constitucional que declaró el sistema inexequible porque es contrario a la Carta Constitucional, que está por encima de cualquier interpretación o sutileza jurídica, ese procedimiento automático se cayó y habrá que volver a la convencional forma de la interceptación por parte de los agentes de tránsito, quienes deberán tener a mano la evidencia de la falta para formular los comparendos de manera personal.

Varias cosas quedan en el escenario. Primero, no se conoce que haya cámaras capaces de ver e identificar las caras de los conductores en el momento de la infracción. Múltiples factores se oponen: anteojos, parabrisas oscuros, reflejos, ángulos de las tomas que deben frontales, un banco de por lo menos 30 millones de imágenes biométricas legales con las cuales confrontar las identidades, oscuridad y muchas más, como, por ejemplo, los cascos de las motos, para poner el tema en la realidad. O sea, las autoridades tienen que desmontarse de esa película desde el pasado 6 de febrero, según lo explicó José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, en EL TIEMPO el sábado pasado. Eso no tiene reverso y la película quedó velada.

Otro factor es que el sistema generaba un amplio rechazo de la ciudadanía. Primero, porque estaba concebido, con la mampara del exceso de velocidad y la accidentalidad, en un grotesco mecanismo de facturación, propenso a todo tipo de abusos y componendas de alcaldes y operadores, amparados en que para el ciudadano es casi imposible presentar reclamos porque el sistema está diseñado para cobrar y no para conciliar y menos para que la autoridad se retracte, así digan en el Ministerio y las secretarías lo contrario. De ahí que cuando daban balances sobre la efectividad de esas cámaras nunca se dijo cuántos accidentes pudieron evitar teniendo en cuenta los miles de carros que pasaron bajo los controles correctamente, y sus resultados solo se miden en cantidad de multas y pesos en caja.

Ahora viene un hueco enorme para el recaudo de los municipios, que no podrán seguir facturando sin contemplación colocando cámaras en cada esquina, sin criterio ni justificación, convirtiendo las calles de ciudades y pueblos en zancadilla diaria para los usuarios, y ni hablar de las visitantes, que no saben cómo ni dónde está tejida la malla de vigilantes electrónicos. Medellín y Barranquilla, que sepamos, son terribles en ese aspecto. Esa platica no vuelve, al menos en la forma como la estaban consiguiendo, porque así remienden la ley y le cuelguen parágrafos, en el fondo de todo está la Constitución, que exige la notificación personal.

Un aspecto a considerar es que esa cacería de placas por “excesos de velocidad” no siempre se hacía en condiciones correctas. Los límites están, en una enorme mayoría, impuestos sin criterio técnico y a la guachapanda, son cambiantes en pocos metros sin explicación, están camuflados para que la gente caiga de manera inocente, muchas de las cámaras las manejan particulares con unas jugosas repartijas a su favor y poco para las municipalidades, y agreguen ustedes lectores sus propias impresiones.

Por otra parte, ahora que el tema aflora, se sabe que en el país hay 472 cámaras instaladas, pero de todas esas solo ¡5! están certificadas y calibradas por Asimetric S.A.S., que es la única entidad aprobada para hacerlo. Esto implica que, al tenor de los recursos que tiene el ciudadano, más de un millón de comparendos y multas que se han cobrado por exceso de velocidad son impugnables, pues los elementos de control no cumplen con las normas dispuestas en la ley. Tema a seguir, porque acá no faltarán abogados ni acciones populares que entablen los respectivos reclamos que podrían derrumbar ya no el precario edificio, sino socavar sus cimientos.

Es una situación muy desafortunada jurídicamente en la que quedó todo ese mecanismo de control, y no se puede celebrar que pasemos a una condición de impunidad y abuso en las vías. Pero sí es el freno que necesitaba esa epidemia que regaron muchas autoridades apresuradas, sin conocimientos adecuados de los derechos de los ciudadanos, atacando sin razón a los automovilistas, ejemplo de lo cual es el costoso montaje de cámaras que hizo la pasada administración de Bogotá, cuya arrogancia sí merece comparendos porque tiene caras conocidas.

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