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¿Es legal cobrar el Soat a las malas?

No puede haber cobro activo si no se ha iniciado un acto administrativo por medio del cual se declare la responsabilidad del infractor. Especialistas dicen que falta más control en las vías.

Por Redacción Vehículos

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SOAT

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La semana pasada, durante su intervención en la Convención Internacional de Seguros organizada por la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que, “así sea a las malas”, se obligará a los propietarios de motos y carros a comprar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

Esa fue la respuesta de Reyes a las denuncias del presidente ejecutivo de Fasecolda, acerca de la evasión del 47 por ciento y el aumento de los fraudes. “Hay en algunas IPS del país y en algunas regiones verdaderos carteles encargados de defraudar el seguro obligatorio”, dijo, y añadió que este año las compañías aseguradoras van a perder alrededor de 300.000 millones de pesos y que, incluso, algunas podrían dejar de vender el Soat.

Además de cobrar el Soat “a las malas”, el ministro Guillermo Reyes dijo que se exigirá ese seguro para todos los trámites de tránsito, tal vez olvidando que este requisito ya existe y se aplica en traspasos de vehículos, cambios de color y de motores, entre otros.

Por su parte, Gómez Martínez propuso como fórmula que todos los motociclistas “deben pasar exámenes para demostrar que saben manejar”. En este punto, el Gobierno anterior dejó un proyecto de resolución que obliga a presentar exámenes teóricos y prácticos para obtener la licencia de conducción, exigencia que, en teoría, empezaría a regir el próximo año.

¿Se puede ‘a las malas’?

Volviendo a la propuesta del ministro Reyes, este explicó que “además, a quienes se les venza (el Soat), se les notifique y, en caso de que no se haga esto, hacer cobros coactivos”, lo cual plantea un interrogante: ¿es posible cobrar el Soat a las malas? ¿Se pueden hacer cobros coactivos?

La pregunta se la trasladamos al abogado Pablo Rozo Millán, experto en derecho de Tránsito, quien aseguró que esto solo es posible “cuando hay un acto administrativo en firme, cuando se ha declarado a la persona como infractora por no tener el respectivo Soat (…) Ese acto es una sanción que después se traduce en un título ejecutivo”.

Con esta apreciación coincide Fernely Castañeda, abogado especializado en Derecho Sancionatorio y presidente del Colegio Internacional de Abogados y expertos en Tránsito y Transporte (Ciaett). “No creo que esto lo materialicen, en el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito (CNT) sí hay una posibilidad de cobros coactivos que se les dio a las autoridades, pero una vez por acto administrativo se declare un contraventor”.

Esto va en línea con lo dicho por la Corte Constitucional al avalar la Ley 2161, que sanciona a los dueños de vehículos que no tengan Soat y la revisión técnico-mecánica vigentes. Según ese tribunal, el propietario de un vehículo automotor podrá ser sancionado, siempre y cuando, dentro de un procedimiento administrativo sancionatorio, se demuestre su culpa en caso de que el vehículo incurra en infracciones como no adquirir o renovar el Soat o no haber cumplido con la revisión técnico-mecánica.

La Corte también precisó que el propietario de un vehículo no podrá desligarse de su deber de adquirir el Soat para disminuir la siniestralidad y amparar, de esa forma, a las víctimas de los accidentes de tránsito, así sea una persona diferente la que iba manejando en el momento de cometer la infracción”.

Pero ¿qué pasa en los casos en los que no se renueva el Soat porque el vehículo no se está usando? No podría haber cobro coactivo porque si bien la ley dice que todo vehículo debe estar amparado por un seguro obligatorio, la misma señala que este es exigible solamente para poder transitar en el territorio nacional, es decir, que el vehículo debe estar en movimiento por las vías públicas.

Precisamente, con este argumento es que han fracasado varios intentos promovidos por algunas autoridades y gremios a través del Congreso para poner una ‘multa automática’ al vencimiento del Soat, que se haría a través del Runt.

Otra propuesta que se ha venido ventilando es la de exigir el Soat en las estaciones de servicio al momento de tanquear las motos. Al respecto, Juan Carlos Vélez, presidente de Fendipetróleo, quien sostuvo que esta no es viable, “porque nosotros no somos autoridad de tránsito para exigir un documento para tanquear un vehículo”.

Además, explicó que se pondría en riesgo a los ‘isleros’ “si la persona les exije tanquear el vehículo con amenazas o presiones. ¿Cómo hacemos para verificar si es falso o verdadero? En todas las estaciones no hay internet, en carreteras. ¿Quién va a pagar eso? No vemos viable de alguna manera esa propuesta.

Falta más control

Los expertos coinciden en que es necesario buscar soluciones para controlar la evasión y el fraude en el Soat. En el primer caso, Hilda María Gómez, consultora en seguridad vial y exdirectora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), sostiene que se debe acudir a los sistemas de detección electrónica (cámaras), y a través de los controles en vía; y frente al fraude de las IPS, asegura que esta es una función de las autoridades de salud.

El abogado Fernely Castañeda afirma que se necesitan más controles, pero también llama la atención sobre una situación que está ocurriendo en varias regiones del país: “algunas aseguradoras no expiden el Soat, hablan de la evasión, pero no lo venden”, dice.

Pero, además, agrega Gómez, hay una disminución evidente de los controles en vía tanto en las ciudades como en las carreteras. Esto está relacionado con lo establecido en la resolución 6781 del 20 de diciembre de 2019 del Ministerio de Defensa.

Con esta norma comenzó a implementarse en todo el país el desmonte gradual de las funciones de tránsito desarrolladas por la Policía Nacional para reubicar el servicio de los uniformados en la modalidad de vigilancia.

Esto hace más complicado el panorama si se tiene en cuenta que en el 58 por ciento de municipios no hay quien controle el cumplimiento de las normas de tránsito ni exija los requisitos básicos. Son 653 municipios sin control operativo en donde habitan 8,6 millones de personas y por los que circulan más de dos millones de vehículos y motocicletas.

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