Industria

Tránsito y seguridad vial: lo que dejó el gobierno Duque y lo que falta por hacer

Como ha sido habitual en los últimos gobiernos, incluido el que está por terminar, la tan anunciada reforma del Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002) quedó otra vez en veremos.

Por Redacción Vehículos

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Policía de Tránsito

Policía de Tránsito (Twitter: Policía de Tránsito)

A última hora, el Congreso aprobó varias reformas que, como también se ha vuelto costumbre en los últimos gobiernos, resultan siendo ‘remiendos’ o ‘retoques’.

Estas reformas que se introducen al CNT dejan además otros problemas: falta reglamentarlas para que se puedan cumplir, y por lo general se quedan en el papel, sin aplicación y sin controles. Las leyes que se acaban de aprobar, por ejemplo, no van al fondo del grave problema de siniestralidad en Colombia, que el año pasado dejó una cifra récord de 7.238 personas muertas en accidentes de tránsito.

Esa tarea le quedará al gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, a partir del 7 de agosto, en aspectos como implementar el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, que es la hoja de ruta que definirá las acciones para reducir la siniestralidad vial en el país durante los próximos diez años, y al cual la comisión de empalme le hizo varios reparos.

Esta es tan solo una de las tareas (ver ‘Reducir la siniestralidad, el gran reto de esta década’). A continuación, le contamos cuáles son las nuevas disposiciones en materia de tránsito.

1.- No es necesario portar los documentos

Desde el pasado 14 de julio se creó la licencia de conducción digital. Además de la entrega de su licencia física, el conductor al que se le otorgue, renueve o recategorice su licencia podrá solicitar la expedición de este documento electrónico que contendrá todos sus datos y tendrá los mismos efectos legales que la licencia física. Esta, junto al certificado de revisión técnico-mecánica, el seguro obligatorio de accidentes y la licencia de tránsito, podrá ser presentada desde cualquier dispositivo tecnológico portátil. Además, las autoridades de tránsito deberán dar por cumplida la obligación de portar estos documentos mediante la consulta en los Sistemas de Información (Runt), sin que sea exigible su presentación en físico.

2.- Exámenes teóricos y prácticos

Para obtener la licencia de conducción por primera vez para vehículos o motocicletas, el aspirante deberá aprobar exámenes teórico y práctico de conducción, “practicados por instituciones de educación superior de naturaleza pública reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional, que garanticen cobertura nacional para la realización de las pruebas”.

3.- Cárcel y suspensión de licencia por fraude

El infractor a quien se le compruebe que hizo fraude o se benefició de un curso sobre normas de tránsito fraudulento, (los que pagan, pero no asisten al curso) se hará acreedor a una multa de hasta cien salarios mínimos legales diarios vigentes y a la suspensión de la licencia de conducción hasta por tres años. Si las autoridades detectan indicios de fraude, falsedad o suplantación en la realización de estos, compulsará copias a la fiscalía general de la Nación. También habrá sanciones contra el organismo de tránsito u organismo de apoyo a la autoridad de tránsito que se prestó para dicha conducta.

4.- Adiós a la placa en los cascos

Los motociclistas y sus acompañantes deberán usar siempre el casco, conforme a la reglamentación, pero en ningún caso las autoridades podrán “exigir que el casco contenga el número de placa correspondiente al del vehículo en que se movilizan”.

5.- Límites de velocidad

En todas las ciudades, la velocidad máxima permitida no podrá sobrepasar los 50 km/h. En zonas escolares y residenciales será hasta de treinta 30 km/h. Las patinetas y bicicletas eléctricas o de gasolina no podrán sobrepasar los 40 km/h.

En carreteras nacionales y departamentales, según lo determinen el Ministerio de Transporte o la Gobernación, según sea el caso, la velocidad máxima no podrá sobrepasar los 90 km/h. En las dobles calzadas que “no contengan dentro de su diseño pasos peatonales, la velocidad máxima será de 120 kilómetros por hora. Para el transporte de servicio público, la velocidad máxima no podrá exceder los 80 km/h”.

6.- Choques simples

En todo accidente de tránsito donde solo se causen daños materiales y no se produzcan lesiones personales, los conductores, entidades aseguradoras y demás interesados en el accidente recaudarán todas las pruebas relativas a la colisión. Independientemente de que los vehículos involucrados estén asegurados o no, los conductores deben retirarlos inmediatamente, así como todo elemento que pueda interrumpir el tránsito.

7.- Horario de las zonas de prohibido estacionar

Se acaban las zonas de prohibición permanentes para estacionar, salvo por razones de seguridad (por ejemplo, frente a edificios públicos, embajadas, etc.). Las autoridades deberán señalizar los días y horas en los cuales opera la prohibición.

Reducir la siniestralidad, el gran reto de esta década

Al gobierno entrante le quedan grandes retos por asumir. El primero de ellos es el de reducir las muertes en accidentes de tránsito. Para ello, hay mucha letra escrita y legislación pendiente, pero más que eso se necesita voluntad política.

El gobierno Duque dejó radicado en el Congreso un proyecto de ley para que Colombia adhiera al Acuerdo de 1958 de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el cual fija el marco legal en el que los países participantes acuerdan un conjunto de normas y estándares mínimos para garantizar la seguridad de los ocupantes de vehículos y motocicletas, la protección del medioambiente, la eficiencia energética y la protección antirrobo de los vehículos. En principio, esta tarea le queda al Congreso.

Aunque se adhiera a este acuerdo, este no es de obligatorio cumplimiento y los países por su propia iniciativa pueden incorporar estándares mínimos de seguridad en los carros. En Colombia, en la actualidad se exige lo básico: sistema de frenos ABS, bolsas de aire para conductor y pasajero, apoyacabezas y cinturones de seguridad para todas las plazas.

Este es un llamado urgente; sin embargo, hay unos plazos para que el Ministerio de Transporte y la ANSV unifiquen y armonicen todas las regulaciones relacionadas con la seguridad vial vehicular. Por ser muchas normas técnicas y de estándar mundial que ya existen, además de racionales en la mayoría de sus puntos, más que cambios u otras opiniones, el nuevo gobierno lo que debe es implementar bien todo y no ponerse a inventar y hacer un Código de Tránsito que recoja todo y sea una verdadera hoja de ruta.

Debe ser muy difícil porque van como tres gobiernos que no han podido escribir la primera línea. ¿Podrá este?

Prueba de choque Car2Car, Global NCAP

Sistema seguro

Este tiene en cuenta la vulnerabilidad de las personas a las lesiones graves causadas por accidentes de tránsito y reconoce que el sistema se debería concebir para tolerar el error humano. La piedra angular de este enfoque, dice la ley, “son las carreteras y las bermas seguras, los usuarios, las velocidades, y los vehículos seguros".

La Ley 2251 fija la “obligatoriedad de incorporar en el diseño vial especificaciones que prevengan y protejan a todos los usuarios” e incorporar al diseño vial especificaciones técnicas que consideren el conjunto de todos los vehículos en vías urbanas y carreteras. La Agencia Nacional de Seguridad Vial se encargará de reglamentar los estándares técnicos y procesos que en materia de seguridad vial se deben cumplir, así como la señalización en vía.

¿Quién controlará?

Un menudo lío que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno es qué va a hacer para controlar el tránsito y el cumplimiento de las normas. La reciente ley aprobada le dedica un artículo que señala: “Los cuerpos operativos de control de tránsito, del ámbito nacional, deben intervenir y ejercer el control de las normas de tránsito a los usuarios de las vías en todos los municipios del país; para garantizar un alto nivel de cumplimiento y luchar de forma determinada contra la transgresión generalizada de la misma”.

El problema es que en más de la mitad de los municipios de Colombia no hay autoridades de tránsito; y la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana presentada en diciembre del 2019 por el presidente Iván Duque contempla que las funciones de tránsito desarrolladas por la Policía Nacional en los distritos y ciudades capitales sean desmontadas gradualmente para reubicar el servicio de estos uniformados en la modalidad de vigilancia.

La seguridad vial en la década 2022-2031

El actual gobierno venía trabajando en un proyecto de decreto para aprobar el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, la hoja de ruta que definirá las acciones con las que Colombia pretende reducir de 14,2 a 7,1 por ciento la tasa de fatalidades por cada 100.000 habitantes para 2031.

Pero el problema no es la meta, sino cómo cumplirla, mediante qué tipo de acciones y políticas, y es ahí donde hay grandes vacíos, según expertos en seguridad vial consultados por EL TIEMPO, quienes sostienen que dicho plan “requiere una profunda revisión antes de aprobarlo”, e incluso, la comisión de empalme del nuevo gobierno pidió esperar y hacerle ajustes.

Otros pendientes

La reglamentación del mototaxismo, los bicitaxis y el trabajo en moto (domiciliarios y mensajería), que son problemas que han ido creciendo a la vista de las autoridades y hasta ahora ninguno les ha metido el diente a estas problemáticas. 

Bicitaxis Bogotá. Foto: El Tiempo

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